Tijuana, 14 de junio de 2022.- Tanto los pueblos nativos como las comunidades indígenas que han logrado a Baja California han tenido problemas para que haya traductores en su lengua materna en los órganos de impartición de justicia de todos los niveles de gobierno, por lo qué la fiscalía general del estado firmó este martes un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que buscará resarcir esa problemática.
En un evento realizado Este martes en las instalaciones de la fiscalía general del estado de la ciudad de Tijuana autoridades de diversos niveles de gobierno se reunieron para la firma del convenio, el cual buscar a dar más plazas en la fiscalía para traductores de las principales lenguas indígenas que se hablan en el estado, desde las de los pueblos nativos (Yumanos) de Baja California así como de los distintos grupos étnicos que han migrado al estado en busca de mejores oportunidades de trabajo y vida.
Presente durante la firma estuvo Miguel Ángel Mora Marrufo, presenta la Comisión Estatal de derechos humanos, quién durante una atención a medios aseguro qué “la firma de este convenio atiende a una las recomendaciones realizadas por la alerta de género” la cual fue activada el año pasado.
Durante su intervención en el evento, el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio detalló “la política que hemos nosotros seguido en todo momento ha sido de la inclusión de cualquier grupo sobre todo la protección y defensa de los derechos de cualquier grupo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad con respecto a otro por cualquier cuestión” por lo que también considero que se atenderían cualquier denuncia de estos grupos vulnerables.
Por su parte Elías Espinosa Álvarez, representante del INPI en Baja California, quién además es líder de su comunidad del pueblo Kiliwa, detalló que las necesidades de los pueblos indígenas y nativos de Baja California son extensos “hace falta personal de la fiscalía en nuestras comunidades, en el valle de la Trinidad hay una fiscalía pero solo hay dos personas” y recordó que en las comunidades hay problemas de sobreexplotacion ilegal de recursos naturales, robo de ganado, así como narcotráfico.
