Por Antonio Heras
Mexicali.- La Secretaría de la Honestidad y Función Pública incumple con la obligación legal de recibir la declaración patrimonial y de intereses de burócratas y maestros del Gobierno de Baja California, una herramienta base para el combate a la corrupción gubernamental.
Este sistema sin funcionar es el punto de partida de la Plataforma Digital, bloqueada a nivel estatal desde la administración del gobernador Jaime Bonilla, ideada como un instrumento de inteligencia para eliminar las barreras de información para que los ciudadanos tengan acceso a datos públicos, los comparen y los usen a efecto de combatir cualquier acto de corrupción.
El incumplimiento tiene su origen en fallas técnicas del sistema DeclaranetBC, uno de los elementos torales de la Sistema Anticorrupción.
La justificación de la SHyFP, a cargo de Rosina del Villar, es que se les “cayó el sistema” desde finales de mayo, por lo que se notificó a organizaciones sindicales y titulares de dependencias estatales.
A través de los 42 Órganos Internos de Control informaron sobre la ampliación del plazo de recepción hasta el 16 de junio por lo que sus horarios de servicio se extendieron hasta las 20 horas.
El artículo 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que todos los servidores públicos de las administraciones federal, estatal y municipal están obligados a presentar su declaración patrimonial de inicio del puesto y la anual a más tardar cada 31 de mayo.
Por disposición nacional, a partir de 2021 se estableció como una obligación que todo servidor público presente estas declaraciones en abonan a la lucha contra la corrupción en las entidades gubernamentales.
En el caso de Baja California, el gobierno de Jaime Bonilla desoyó los términos del acuerdo nacional y extendió el plazo para el cumplimiento de la declaración patrimonial de inicio que incluía a funcionarios y, por vez primera, a todos los empleados de la administración estatal.
Incluso, en su administración se frenó el proyecto de la Plataforma Estatal Digital que la integran las declaraciones patrimoniales, de intereses, servidores públicos en contrataciones, sancionados, contrataciones, fiscalización y denuncias.
Ante las fallas del sistema, al menos 19 mil servidores públicos entregaron sus declaraciones en formatos físicos, por lo que personal de la SHyFP está obligada a digitalizar esos documentos o, en su caso, llenar los formatos digitales y validarlos.
“A cada uno de nosotros, nos tocaron mil formatos que debemos llenar”, sostuvo uno de los empleados de esta dependencia estatal.
