Tijuana.- Ante medios de comunicación invitados por la asociación de periodistas ANPAC de Baja California, la asesora técnica del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), la ingeniero bioquímica Jessica Castañeda Castillo planteó la urgencia de reformas legislativas para garantizar el cumplimiento de disposición final de residuos peligrosos.
Jessica Castañeda Castillo, ingeniera bioquímica.
Luego de observar que, a nivel nacional, de aproximadamente 5 millones de empresas, solamente el 2% de ellas (100 mil) cuentan con registro para disponer de sus residuos peligrosos, precisó que, en Baja California, de 126 mil empresas, el 5% de ellas (6 mil 300) son las que tienen registro como generadoras de residuos peligrosos, con disposición adecuada de esos desechos, a través de empresas contratadas.
Pero, lo más grave, prosiguió, es que Baja California no cuenta con centro de confinamiento adecuado para las 35 mil toneladas de residuos peligrosos que se generan al año, pues, en todo el país solamente hay tres confinamientos: dos en Coahuila, y otro en Nuevo León; y, aunque hay recicladoras, en todas partes, no dan tratamiento a todo tipo de desechos.
Además, mientras que, a nivel nacional, solamente hay 144 municipios aplicando, medianamente, la separación de la basura… en Baja California no existe ninguna localidad donde se haga efectivamente; pero, “solo es cuestión de voluntad política, la separación de basura, y, concientizar a la población, para que cumplan con esa obligación”, advierte la ingeniero bioquímico Jessica Castañeda Castillo.
Si bien el 58% de los residuos peligrosos que se generan, son de pequeños negocios, destacando entre ellos las llanteras, talleres mecánicos y estéticas, y, no generan muchas toneladas de desechos en lo particular, el problema es que todos los tóxicos se dispersan entre los más de 500 tiraderos clandestinos y en los rellenos sanitarios autorizados, así como en los mantos freáticos.
Además, entre negocios pequeños y viviendas se genera el 95% de residuos peligrosos, y, en especial, los hogares, no están regulados, no tienen obligación legal para disponer de esos desechos, de tal manera que, todo lo que se tira, de productos como: focos ahorradores de energía, medicamentos caducados, baterías, aparatos electrónicos, restos de pinturas, ácidos para limpiar sanitarios, entre otros, se dispersan a los rellenos sanitarios, el mar, los mantos freáticos y los pluviales.
De los 12 meses del año, especialmente en este, de diciembre, en Baja California se eleva un 30% más la generación de basura, sobre todo de empaques y embalages, y, a nivel nacional, hasta un 40 o 50%, incluyéndose que, muchas veces se desechan aparatos electrónicos por adquirirse otros nuevos.
Al respecto, la asesora técnica de CIGA, Jessica Castañeda recomienda que, antes de desechar aparatos electrónicos, se donen a otras personas; por ejemplo, mientras unos se compran el Iphone más reciente, que regale el que deja a quien sí quiera la edición vieja; y, si adquieren computadora nueva, porque ocupan más gigas y memoria RAM, que donen la computadora vieja a alumnos de primaria, que ocupan lo básico.
“Todo a lo que no se le da el debido tratamiento, va finalmente a nuestro consumo: lo bebemos, lo comemos, o nos lo untamos, porque se dispersa e impregna en lo que se cultiva y lo que se produce”, advirtió, para hacer énfasis en que falta legislar para fomentar la disposición final adecuada de los residuos peligrosos.
“Sin dejar de lado las sanciones, para lo cual los gobiernos tienen escasa capacidad de revisiones y supervisión, se podría estimular con bonos, o algo parecido, a quienes sí hagan la separación de residuos desde sus casas y/o negocios, aunque sean pequeños; y, se debe estimular la inversión en más recicladoras, ya que, hay muchos tipos de artículos a los que no se les da el tratamiento adecuado”, explicó.
