Alineados
Es un lugar común afirmar que nuestro sistema federal es único y que no tiene correspondencia con otros pactos federales, como por ejemplo el español o el norteamericano. Valga la paradoja, pero el federalismo mexicano a diferencia de las otras experiencias internacionales se caracteriza por una fuerte centralización. Desde 1824 cuando se incluye el pacto federal en nuestra Constitución Política, formalmente somos una República federal. En los hechos funcionamos como un Estado Centralizado; de ahí la capacidad de decisión de que goza el presidente de la República frente al resto de los poderes.
Sabemos que dos de los problemas que más preocupan a los mexicanos son la corrupción y la inseguridad. De hecho, no parecen fenómenos disociados. La corrupción ayuda a entender la ausencia del Estado de Derecho en muchas zonas y regiones del país. Nunca como hoy se había tomado el tema de la corrupción el eje del ejercicio de gobierno como bajo la administración actual encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A veces incluso sobredimensionando que el combate a este grave problema resuelve otros muchos derivados de una estructura social desigual y polarizada.
Las estadísticas de la inseguridad se han disparado en los últimos años. Cuando se trataban de explicar las razones de ese incremento, se decía que había un problema de “coordinación” entre los encargados de atender la problemática de los tres órdenes de gobierno. Hasta el año 2000 el argumento en Baja California era que no había entendimiento entre los gobiernos federal y estatal por ser de distintos signos partidarios.
Entre 2000 y 2012, el PAN llegó al poder. Sobre todo, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se dispararon los índices de delitos, de manera sobresaliente los homicidios. Fueron años complicados para la seguridad pública en la entidad. La llamada “guerra contra el narcotráfico”, incrementó los enfrentamientos de bandas rivales para ganar los espacios que los diferentes grupos perdían en el enfrentamiento con las corporaciones federales. En esos 12 años en Baja California gobernó el PAN y la alineación política entre estado y federación no tuvo al parecer ningún impacto positivo para la disminución de la criminalidad. En el sexenio pasado se dio continuidad a la estrategia guerrerista de Calderón. Los resultados fueron de nuevo negativos.
Producto de las elecciones de 2018 y 2019, MORENA ganó todos los cargos en juego: Presidencia de la República, diputados y senadores, gubernatura, alcaldías y todas las diputaciones locales de mayoría. Los tres ámbitos gubernamentales estarán perfectamente alineados políticamente hacia el mes de octubre. Eso significa que no debe haber ninguna justificación para llevar a cabo la coordinación requerida para enfrentar a la delincuencia. Sé perfectamente que tampoco será la solución, pues las causas son estructurales. Pero posibilita atender los efectos más perniciosos de la inseguridad, sobre todo en el terreno de los homicidios.
Deberemos ver el impacto de la Guardia Nacional y las acciones concertadas con policías estatales y municipales. Ya no habrá mucha justificación si los números no son positivos. Es uno de los ámbitos más sensibles para el ciudadano y su percepción del buen gobierno. Y tanto las autoridades federales como las locales se encuentran contra reloj. El 2021, año de nuevas elecciones, está a la vuelta de la esquina. La percepción social acerca de que mejoren los niveles de seguridad es lo esencial. En esta carrera contra el tiempo de nuevo la federación “tiene mano”. Los otros ámbitos gubernamentales no representan para el ciudadano el poder y la capacidad que concentra el gobierno central para combatir la corrupción, la inseguridad y otros males.
