Mexicali, B.C., lunes 14 de octubre de 2024.- Para denunciar la problemática que generan las empresas constructoras que desaparecen sin proporcionar servicios públicos esenciales, como drenaje y recolección de basura, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja se posicionó en el Pleno del Congreso y anunció la entrega de una iniciativa que pretende incluir sanciones y confinar a muerte administrativa a estas empresas, impidiendo así que puedan operar.
La legisladora criticó la falta de regulación que ha permitido a las desarrolladoras evadir responsabilidades y propuso una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, para atender dicha problemática.
“Nos encontramos con casas que cuentan con registros de evacuación, pero el desarrollo carece de la red de drenaje, en otros se colocaron las banquetas y guarniciones, pero no se pavimentaron las calles, en todos los fraccionamientos en esta condición los vecinos se ven obligados a contratar por su cuenta el servicio de recolección de basura que va desde los 180 pesos semanales a los 200”, comentó.
Aunque la ley en materia establece requisitos y fianzas para garantizar la entrega de los fraccionamientos, muchas empresas evaden sus responsabilidades al desaparecer y crear nuevas entidades para obtener autorizaciones.
Yohana Gilvaja resaltó la importancia de detener el abuso de estas constructoras que perjudican a las familias de Baja California, especialmente a las más vulnerables.
Se necesita asegurar el derecho a una vivienda digna, que no solo incluye una casa, sino también el acceso a servicios esenciales.
“Para ello, propongo una iniciativa que prohíba a las constructoras incumplidoras operar hasta que hayan cumplido con sus obligaciones en el desarrollo de fraccionamientos”, manifestó.
La iniciativa contempla que las empresas que no cumplan con la entrega de la urbanización enfrentarán una multa del cinco por ciento del valor de los lotes del fraccionamiento.
Si la falta de entrega se convierte en un incumplimiento definitivo, la empresa será inhabilitada durante un periodo de diez años.
Además, para obtener autorización para urbanizar un fraccionamiento, la empresa debe demostrar que sus accionistas no están relacionados con otras entidades sancionadas por incumplimiento en la entrega de obras.
Si una empresa utiliza presta-nombres para evadir este requisito, se le revocará la autorización.
