EL REY QUE NO SABÍA CALCULAR O LA PANDEMIA DOMÉSTICA DE LA VIOLENCIA
Benjamín M. Ramírez
Recién el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha emitido una alerta de viajes por la violencia en las ciudades de Rosarito y Tijuana, en esta zona del Noroeste del país. Claro que no considera los 308 tiroteos registrados en lo que va de este año o los 693 del año pasado o los acontecimientos sangrientos en los últimos días en las ciudades de Chicago, Filadelfia y Chattanooga, en promedio un tiroteo y medio cada día —para ser considerado un tiroteo masivo tiene que incluir al menos cuatro víctimas y que suceda en un lugar público—.
Pese a lo todo lo que sucede en el vecino país del norte, las autoridades han alertado a sus ciudadanos para que no viajen a la ciudad fronteriza de Tijuana o Rosarito debido a la ola de inseguridad que golpea a toda la entidad y al país.
Lo más reciente de esta ola de violencia son las ejecuciones registradas en Boca del Río, Veracruz o las acontecidas en Oaxaca o Michoacán, sin contar con esta espiral de homicidios y desapariciones que se expande en cada hecho que se registra en el país. No hay un solo lugar donde se pueda respirar en paz.
Frente a esta situación, que ya rebasa a las autoridades encargadas de la seguridad y a los aparatos de justicia, en la que los ciudadanos temen por su seguridad, su integridad o la vida misma, la jerarquía de la iglesia católica ha exigido al Presidente de la República replantear la estrategia de abrazos y no balazos. Petición que fue recibido por el ejecutivo federal con desdén, llamando a la iglesia apergollada por la oligarquía.
Lo cierto es que la inseguridad campea a sus anchas y no hay santo a quien pedirle para que cese esta ola imparable de violencia.
Los recientes homicidios de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, la detención de un obispo en Zacatecas en un retén implementado por un grupo de civiles armados y los recientes hechos violentos contra el clero en Queréndaro, Michoacán, han despertado a la iglesia del letargo en la que se había sumido para levantar la voz por los que a diario padecen el flagelo de la violencia en sus diversas modalidades.
Lo cierto es que ninguna autoridad ha tenido la voluntad para imponer el Estado de Derecho al que están obligados constitucionalmente. O a lo mejor, no existe la capacidad para ejecutar un plan que pueda dar un respiro a la sociedad que padece en su diario devenir al vivir con el Jesús en la boca.
Ni en Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Baja California, Tamaulipas o cualquier entidad federativa, los gobernantes están dispuestos a cumplir la promesa de seguridad difundidas con arengas durante sus campañas.
Recién el obispo primado de México salió, en su carácter de mitrado, a secundar la exigencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, a una jornada de oración por la paz, programada para el próximo 10 de julio, con directrices muy puntuales por parte de la CEM.
Aguiar Retes, obispo primado de México, aseguró que la oración permitirá mirar al prójimo con la dignidad que Dios ha dado, y a partir de ahí, iniciar los procesos de perdón personal y social que el momento actual exige.
La iglesia se ha pronunciado en este sentido a raíz de la ola de homicidios y desapariciones que se ejecutan en todo el país de manera cotidiana.
Por lo pronto, y a recomendación de la iglesia católica, sólo nos queda el milagro que la oración puede otorgar para que Dios nos muestre un poco de compasión, y para ello será necesario orar con el salmo 13, si es posible, para tener un hálito de esperanza. Aunque sostengo, como dice el cántico revolucionario: no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
Antes de concluir quiero hacer un llamado urgente a las autoridades estatales de Baja California, a la gobernadora Marina del Pilar, y la presidente municipal de Tijuana para que le pongan un alto a los concesionarios del transporte público que prestan el servicio a todas las colonias de Tijuana a raíz del incremento del costo del pasaje, —18 pesos para llegar a mi colonia— situación que los usuarios de las vetustas y desvencijadas unidades consideran un aumento abusivo sin que exista una autorización oficial de por medio.
Lo cierto es que los concesionarios, principalmente los denominados ALTISA, incrementan el costo del pasaje a su antojo sin que exista, hasta el momento, autoridad alguna que les ponga un alto.
Los vecinos de algunas colonias ya plantean tomar acciones drásticas como el bloqueo de los caminos y vandalizar las unidades en cuestión para demostrar su inconformidad y su hartazgo por los comportamientos abusivos de los concesionarios del transporte público.
Asimismo, hacen un llamado urgente para que las autoridades de vialidad revisen las unidades y el servicio que realizan los operadores y exigen que en todas las unidades se permita el descenso por la puerta trasera.
Por último, quisiera externar mi más profundo pesar por las pérdidas de vidas humanas registrados en el tráiler de la muerte, suscitado en el estado de Texas. Sin duda, las autoridades deberán implementar medidas ad hoc para evitar este tipo de situaciones: desde las causas que originan y obligan a migrar hasta las que provocan este tipo de escenarios que privan del derecho humano a la vida.
La obligación de las autoridades será la de llevar a la justicia a los responsables de este acto criminal y de los que facilitaron o eludieron su responsabilidad administrativa para evitar este tipo de tragedia.
El rey aún duerme en sus aposentos y es incapaz de observar el dolor y la muerte que sufren sus súbditos, o a lo mejor, no es el sueño sino la indiferencia que le provoca el letargo que le impide ver la sangre que ya llega al río.
¿Hasta cuándo?
