Por Antonio Heras
Mexicali B.C., a 12 de octubre de 2021.- Para el magisterio, este decreto que se instruye al director de ISSSTECALI a convocar a los representantes del gobierno en la junta directiva para condonar recargos del 99.9 por ciento a los municipios de Ensenada y Tecate, representa una grave violación al reglamento del Instituto y una grave exclusión a los representates de los trabajadores.
Maria Luisa Gutierrez Santoyo, secretaria general de la Sección 37 del SNTE y representante del Magisterio en la Junta Directiva del ISSSTECALI, manifestó su sorpresa y preocupación por la forma y fondo del contenido drl decreto.
Además de los funcionarios, explicó, la Junta Directiva la única instancia facultada para tomar decisiones pero la integran también los representantes de burocracia y magisterio pero lo omite en el decreto.
Gutiérrez Santoyo dijo que la afectación es generalizada para todo los derechohabientes de Issstecali, incluido el magisterio, porque el servicio médico se brinda a todos los trabajadores afiliados a Issstecali.
El adeudo referido es a las retenciones que se les aplica a los burócratas y la bolsa de pensiones y jubilaciones está separada de la de magisterio.
“No podemos estar de acuerdo en que se intente condonar dicho adeudo a los municipios y que por el contrario la omisiones en aportaciones por parte del trabajador por mínima que esta sea, resulte en el impedimento para poder gozar de su pensión o jubilación y peor aún que se les niegue servicio médico a nuestros compañeros interinos, mismos que al recibir su pago les descuentan las aportaciones por un servicio que no gozaron”; afirmó.
La dirigente sindical advirtió que este tipo de acciones profundizan las inequidades que “se reflejan en adeudos en prestaciones a los trabajadores afiliados al instituto a como el pago a nuestros deudos por fallecimiento, préstamos hipotecarios, préstamos a corto plazo y la no entrega de nuestras retenciones dan muestra de la endeble situación económica en que se encuentra el instituto por lo que está acción afecta de manera directa a la economía del mismo”.
Exigió que sea la junta directiva en pleno la que analice este decreto y se de marcha atrás, pues debe prevalecer el bien común y la legalidad en todas las acciones institucionales.
En la Sección 37, expresó, rechazamos cualquier acción a espaldas de los trabajadores de la educación que lesione nuestros intereses o afecte nuestros derechos.
