Ley General de Víctimas no cuenta con estructura al nivel de la demanda social
Tijuana.- A un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) es tiempo de hacer un análisis sobre sus aciertos y fallas, señaló el especialista en derecho penal, Álvaro González.
Entre las fallas, agregó, está la desincorporación del catálogo de delitos graves la portación de armas de uso exclusivo del ejército, así como el robo en diferentes modalidades.
“Hoy en día dicho delito es el que más aqueja a la ciudad y pega directamente al bolsillo de la economía familiar y a la vida de las víctimas de quienes portan armas de alto poder y que circulan por las calles con toda la confianza que no obtendrán prisión preventiva.
Mi análisis es que el sistema se quedó corto en la protección a la víctima y la reparación del daño, ya que la Ley General de Víctimas no cuenta con estructura al nivel de la demanda social”, manifestó.
El NSJP, añadió, es de muy alto nivel y pone al sistema jurídico de México con reconocimiento a nivel mundial, pero los operadores del mismo están fallando y si los presuntos responsables están siendo liberados es por las constantes fallas de forma que una y otra vez se equivocan los primeros respondientes.
Mencionó que el restablecimiento de la paz social es fácil, sólo se necesita voluntad política y transparencia de sus adquisiciones y sobre todo apostar en su capital humano, es decir capacitaciones jurídicas constantes a los policías para que estén a la altura de un exigente proceso penal que ha dejado atrás las prácticas de la tortura y de un sistema inquisitivo.
Que a largo plazo la ciudad de Tijuana sea modelo a seguir en materia de seguridad
“Se debe alcanzar una cultura de la prevención del delito y estado de derecho en la sociedad tijuanense, para disminuir en el corto y mediano plazo los índices delictivos de criminalidad que debe ser el objetivo de los actuales responsables de la seguridad y paz social de nuestra ciudad.
Esto mediante el empleo de todos los recursos humanos y materiales de las instituciones, logrando con ello que en el largo plazo la ciudad de Tijuana sea modelo a seguir en materia de seguridad, prevención del delito, justicia y respeto de los derechos humanos no tan sólo en el marco teórico además en lo operativo”, expresó.
El especialista, dijo que la prevención del delito debe descansar en la cooperación con la sociedad, enfocándose en atender las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias sin olvidarse de crear espacios para el esparcimiento de la ciudadanía con diferentes actividades; así como el rescate de áreas públicas con seguimientos de programas sociales.
Comentó que con la entrada en vigor del NSJP, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales el espíritu del legislador busca inhibir la corrupción, la impunidad, la violencia y la desconfianza, a través de la transparencia y sobre todo la protección de la víctima u ofendido por la tan mencionada reparación del daño.
El objetivo deberá descansar en profesionales en la materia, que tengan conocimiento de la situación real, y trabajen con mecanismos y acciones concretas para afrontar la problemática delictiva procurando la tutela de los derechos humanos y la eficaz prevención del delito e intervención ante la comisión de estos, consideró.
