En los últimos días hemos discutido en un par de foros los retos que implica el voto electrónico desde el extranjero en los comicios de 2021. Académicos, funcionarios electorales, líderes de organizaciones de migrantes, discutimos acerca del futuro de los derechos políticos extraterritoriales. Mi visión ha sido que para entender el desarrollo de los derechos de la diáspora mexicana debemos analizarlo como un proceso continuo en un contexto sumamente complicado. Es decir, el empoderamiento político de nuestros paisanos se ha dado en el contexto de una cultura política basada en la desconfianza.
Cuando se aprobaron las normas secundarias para garantizar el derecho al sufragio extraterritorial el 28 de junio de 2005, la modalidad única para el voto a distancia fue a través del servicio postal. Nueve años después, el 23 de mayo de 2014, se publicaba una nueva reforma electoral, mediante la cual se ampliaban las modalidades del sufragio: por correo, mediante la entrega de la boleta en las embajadas y consulados “o en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto”. Además, a diferencia de 2005 en la que sólo se permitía votar por presidente de la República, en la nueva normatividad se amplió a elección de senadores y gobernadores, así como a jefe de gobierno de la Ciudad de México. (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 23/05/2014).
Pero también, en lo que era una demanda de las organizaciones de migrantes, se incluyó la credencialización en el extranjero en embajadas y consulados. Sin duda, en mucho el aumento en términos absolutos del sufragio desde el exterior en las pasadas elecciones de 2018 se debe a que varios miles de paisanos lograron obtener su credencial para votar en el exterior. Sabemos que muchos migrantes, sobre todo los indocumentados, no llevan consigo ningún tipo de identificación cuando cruzan.
Uno de los asuntos más interesantes en la discusión de los eventos referidos fue el del sufragio “por vía electronica”. A través de dos caminos puede instrumentarse esta modalidad. Por Internet y por medio de urnas electrónicas. El INE ha anunciado que el próximo año se contará con un sistema confinable y seguro para que en las elecciones de 2021 los paisanos puedan ejercer su sufragio por medio de Internet. Se trata de 11 entidades con comicios para gobernador. No sería la primera vez por cierto. En cinco ocasiones anteriores se ha podido sufragar por esta vía: en 2012 para jefe de gobierno del entonces Distrito Federal; en 2015 en la elección de gobernador de Colima; en Chiapas en dos ocasiones para elegir diputado federal en 2012 y 2012 y Baja California Sur en la elección de gobernador de 2015. Dada la magnitud del proceso 2017-2018, no se estuvo a tiempo con los sistemas de seguridad exigidos para instrumentarlo. Esperamos que en 2021 sea una realidad.
Luce más complicado poder instalar urnas electrónicas en el exterior. Dada la magnitud de nuestra diáspora, se tendrían que instalar en lugares públicos, preferentemente de los Estados Unidos y del resto del punto. Se ha mencionado que pudiera ser en embajadas y consulados. Sin embargo, más allá de la circunstancia que nos referimos a instalaciones del gobierno federal y de la historia electoral en la que se luchó por sacar del ámbito gubernamental los procesos electorales a través de un órgano autónomo como lo fue el IFE y hoy el INE, no es lo mismo ser un centro receptor que uno de votación, con lo cual se tendrían que organizar mesas directivas a la manera de las casillas especiales con representantes ciudadanos y de partidos. Otra posibilidad sería su instalación en kioscos en lugares públicos, pero con las mismas consideraciones anteriores. Creo que como proceso, veremos primero el sufragio por vía de Internet y conforme avancemos en seguridad y confianza, una estrategia compartida de Internet y urna electrónica. Lo que sí implica un verdadero reto para el INE y el Estado mexicano es que lo que aprobemos en el terreno del voto moderno para los mexicanos en el exterior, tendrá que ser extensivo para los que vivimos en territorio nacional. De no ser así, estaríamos ante un acto discriminatorio. Y al revés, lo que se apruebe en términos de flexibilidad y modalidades del voto interno, tendrá que ser extensivo a los mexicanos de fuera.
