¿Asimetría en infraestructura ambiental con EU? No del todo
Por José Luis Castro Ruiz
En noviembre pasado tuvo lugar la última sesión de un seminario internacional sobre la agenda social del agua en El Colegio de San Luis, un ejercicio de análisis sobre las tendencias actuales de gestión y problemáticas del agua a nivel global. En esa ocasión el Dr. Paul Ganster, especialista en el tema de infraestructura ambiental en la frontera México-Estados Unidos desde la perspectiva estadounidense, presentó una visión interesante de la situación existente en los condados fronterizos a lo largo de la frontera común en relación a los servicios de agua y su tratamiento que contrasta con la imagen de coberturas totales y de asimetría que se tiene cuando se hacen comparaciones entre ambos países.
En forma similar a la frontera mexicana, cuyos indicadores de desarrollo varían considerablemente entre los centros de mayor población y las comunidades rurales, los condados fronterizos estadounidenses a excepción de San Diego y Pima en Arizona, presentan condiciones de pobreza generalmente superiores al promedio nacional correspondiente, menores niveles educativos y de empleo, así como rezagos de vivienda y servicios. A lo largo de la frontera han proliferado concentraciones de población conocidas como colonias, cuyos habitantes han recurrido a la autoconstrucción de vivienda sin disponibilidad de agua y drenaje y otros servicios básicos, con los consecuentes problemas de salud por la utilización de pozos y la disposición inadecuada de aguas residuales. Organizaciones como la Junta Ambiental del Buen Vecino (GNEB), y la Asociación de Asistencia a las Comunidades Rurales (RCAP) han identificado la existencia de más de dos mil asentamientos de este tipo, diseminados a lo largo de la frontera estadounidense principalmente en el estado de Texas, albergando una población cercana al millón de habitantes, compuesta en su mayoría por residentes de origen latino y por otras minorías.
Otro aspecto que sobresale en el panorama referido son las políticas gubernamentales que lo han promovido o mantenido. Por ejemplo, las prioridades del gasto a diferentes niveles gubernamentales que ponen particularmente en desventaja a las comunidades fronterizas más pequeñas, cuyas necesidades y propuestas en muchos casos han sido ignoradas por no tener capacidad financiera, administrativa ni técnica. A esto se suma una percepción negativa de la frontera, promovida con fines políticos, centrada en el narcotráfico y la violencia que genera, la migración, las amenazas terroristas e incluso el muro fronterizo. Aunque hay interés por parte de algunos gobiernos locales de trabajar con sus contrapartes mexicanas en problemas que los afectan, en forma similar al caso mexicano existen limitantes legales e institucionales que lo impiden.
La perspectiva aquí descrita es reveladora en el contexto de los desafíos que aguardan a la región fronteriza común ante el crecimiento de sus centros urbanos y la complejidad de su problemática ambiental de no haber cambios en las condiciones expuestas. Las implicaciones para México en este sentido son críticas: la frontera mexicana presenta rezagos en infraestructura ambiental que en algunos casos rebasan la capacidad del gobierno federal para atenderlos, existiendo una dependencia crucial en los programas binacionales de desarrollo de infraestructura como son las instituciones emanadas de la puesta en marcha del TLCAN, el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAM) y el programa Frontera 2025, este último con una importante participación de fondos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), los que deben atender de igual forma las demandas a cada lado de la línea fronteriza, y cuya operación no está exenta de la capacidad de negociación de los centros más grandes en la toma de decisiones. El cabildeo para una ampliación de estos fondos a futuro parece esencial por parte de ambos países, pero es imprescindible que México busque otras formas de cooperación que le permitan complementar la atención a esta problemática. Entre estas hay opciones donde existe trabajo operativo previo a nivel local, como es la participación de actores no gubernamentales a ambos lados de la frontera en la toma de decisiones relacionada con los problemas de abastecimiento y contaminación del agua en sus localidades.
