MARÍA JOSÉ, JUANITA Y ERIC: ¡JUSTICIA!
Por Benjamín M. Ramírez
A María José y a Juanita las detuvieron como criminales violando a todas luces el debido proceso y la presunción de inocencia entre otros derechos elementales. A Erick, médico a punto de terminar su servicio social en una zona de alta incidencia delictiva en Durango, lo mataron.
María José es médico residente de primer año de Anestesiología en la Ciudad de México, detenida por poseer una jeringa con medicamento al momento de su salida del nosocomio, los guardias la esposaron, tratándola como una criminal. La médico residente pasó aproximadamente dos horas retenida en las oficinas de la subdirección del Centro Médico Nacional La Raza, dónde no contó con la presencia de su abogado, para después ser trasladada, como una criminal, hacia la fiscalía en Tacubaya para ser puesta a disposición del Ministerio Público.
Los cargos que se le imputaron a la médico anestesióloga fueron: narcotráfico, robo a la nación, entre otros cargos. Lo más grave del asunto, y las autoridades de la Secretaría de Salud lo saben, son las horas interminables que los médicos residentes tienen que pasar durante su jornada en el hospital y con un salario por demás miserable de aproximadamente quince mil pesos al mes, menos de cuatro mil pesos a la semana.
A veces los especialistas en formación tienen que aguantar jornadas extenuantes de 36 a 48 horas, o cuando se quedan “guardados” —castigados— pasan hasta un mes, en guardia, en el nosocomio. Este castigo se toma como una medida disciplinar para los médicos residentes que incurran en algún incumplimiento de los protocolos de la sede hospitalaria.
Ignoro si el director general del IMSS, Zoe Robledo, podrá solapar las presuntas violaciones que los directivos del Centro Médico “La Raza”, cometieron en contra de María José: violación al debido proceso, violación a la presunción de inocencia, certeza jurídica, detención arbitraria por un delito que no merece prisión preventiva, entre otras anomalías que los directivos del hospital “La Raza”, habrían incurrido.
Gracias a la presión de sus compañeros, la anestesióloga salió libre, ya que en solidaridad, los médicos residentes del nosocomio bloquearon la calzada Vallejo frente al hospital para exigir la inmediata libertad de María José.
Es necesario recalcar que los médicos residentes y los médicos internos laboran jornadas extenuantes de hasta 36 horas, apenas con un descanso de dos horas como máximo, si es posible, porque tienen que estar atento ante cualquier evento que requiera de sus habilidades profesionales. Las guardias interminables constituyen, en sí mismo, un peligro para todos y resultan obsoletas para los tiempos actuales.
Es inadmisible que existiera dolo en la omisión incurrida por la anestesióloga y que probablemente fue por un descuido debido a la jornada inhumana de labores dentro del nosocomio.
Nadie arriesgaría su libertad y su carrera por algo insignificante. Lo que sí deberían sancionar son las acciones de los directivos. Por lo pronto, y desde estas líneas, exijo justicia para María José y el despido inmediato de las autoridades del hospital que ordenaron su detención arbitraria.
El otro caso es el de Juanita, jefa de cajas en una cadena de supermercados con mucho arraigo en la zona centro y sureste del país. Sucedió en la ciudad de Acayucan, Veracruz.
A Juanita le imputaron los cargos de fraude y robo. Fue detenida y puesta en prisión preventiva cuando los delitos que se le imputaron no lo ameritan. Aparte de violar el debido proceso, a Juanita se le vulneró su derecho a la presunción de inocencia.
Gracias a la presión de los medios, de sus compañeros y de la población, Juanita fue puesta en libertad después de su declaración ministerial. A ella se le dio un trato como si fuera la peor de los criminales. Me gustaría que la Fuerza Civil de Veracruz, la Fiscalía del Estado y, en general, todas las autoridades involucradas reaccionaran y actuaran así, como con Juanita, en contra de quienes tienen bajo el terror al estado.
Juanita fue acusada por fraude y robo, pero ¿cómo se le puede llamar a la acción de no devolver los centavos que pertenecen al consumidor?
La cadena comercial en Acayucan, Veracruz debe despedir al personal que acusó, y sin razón, a Juanita. No hubo pruebas en su contra. ¿Quién pagará el daño moral que se le ocasionó?
Es necesario mencionar en este espacio las jugosas y cuantiosas ganancias que obtienen las tiendas de conveniencias, los supermercados y las tiendas de autoservicio por todos los centavos que no le devuelven al cliente. Los excedentes millonarios que las cadenas de tiendas diseminadas por todo el país debería ser objeto de fiscalización por parte de las autoridades hacendarias, incluyendo el redondeo. Jamás devuelven los centavos, que de poco en poco, resultan en ganancias millonarias que probablemente se repartan entre los altos mandos de las tiendas comerciales y de conveniencia.
Las autoridades hacendarias y los legisladores deberían establecer los lineamientos necesarios para que esos centavos regresen de alguna manera al cliente, haciendo que esta obligación, la devolución correcta del cambio, se haga a través de la tarjeta de lealtad que muchas tiendas ya han puesto a disposición del consumidor. Leyes transparentes nos darán cuentas claras.
Otra regulación que deberán atender los legisladores federales y estatales es la obligación de los centros comerciales a brindar el estacionamiento gratuito. Es una práctica ilegal del comercio hacer pagar a los consumidores el espacio que, por ley, los centros comerciales deben poner a disposición a su clientela. Aparte, de hacer pagar por el estacionamiento los centros comerciales no se hacen responsables por los incidentes que pudieran ocurrir a los vehículos de los usuarios.
Hágale como quiera, me dijo el guardia de seguridad y el encargado de la caseta de cobro en la Plaza Mundo Divertido después de que a mi vehículo lo despojaran del catalizador. Un servidor tuvo que cubrir la reparación del desperfecto causado a mi vehículo. Existen muchos casos como el mío, incluso el robo de vehículo en las plazas comerciales, en el que los responsables se lavan las manos aduciendo que no tienen compromiso alguna cuando “cualquier activo en resguardo es amparado durante su estancia”.
Eric.
A Eric le faltaban menos de quince días para terminar su servicio social como médico, era estudiante de la Universidad Autónoma de Durango. Lo mataron mientras atendía a un par de pacientes que llegaron con evidentes síntomas de intoxicación, probablemente por enervantes. Eric intentó calmar a los pacientes mientras estos discutían cuando uno de ellos sacó su arma y disparó en contra del joven médico. Acabo con su vida.
El hecho se suscitó en el estado de Durango y, una vez más, pone en evidencia la urgente necesidad de salvaguardar la integridad y la vida de los médicos prestadores del servicio social que arriesgan todo en las zonas de mayor incidencia delictiva.
Hasta el momento estos lamentables hechos, donde los jóvenes médicos pierden la vida o son víctimas de la delincuencia, no han despertado el interés de las autoridades de gobierno en sus diferentes niveles. Parece que no importan.
Desde el caso de la estudiante de la Universidad de Chiapas hasta el caso de la Universidad Autónoma de Durango, no se ha visto el interés por parte del Estado y de las autoridades universitarias para salvaguardar la integridad y la vida de sus estudiantes. ¿Cuántos cadáveres se necesitan para garantizar la seguridad de los prestadores del servicio social?
Justicia para Eric. Ni un pasante más.
