Tijuana, 8 de junio de 2022.- La protección ambiental y de especies en Baja California avanza en la dirección correcta, pero urge acelerar el paso, aseguró el director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), José Carmelo Zavala Álvarez.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio, destacó la importancia de la reunión “Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos – nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad”.
Recordó que la ONU a fin de lograr la acción audaz y urgente necesaria para asegurar un futuro mejor en un planeta sano, convocó a la comunidad medioambiental a esta importante reunión internacional los días 2 y 3 de junio, cinco décadas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972.
Resaltó que hay pocas señales de éxito durante estas cinco décadas, si hay avances importantes como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos para la protección de especcomo
“El Protocolo de Montreal para combatir el hoyo de ozono, la gasolina sin plomo, limitar el uso del mercurio, la Cites, muestran el poderoso potencial de los acuerdos para, con ánimo y férrea voluntad, acelerar el paso en contra del cambio climático, proteger la biodiversidad y reducir la contaminación”, consideró.
Por otra parte, mencionó que en la entidad, se creo la ley estatal de medioambiente en 1992, y que la creación del Consejo Estatal de Protección Ambiental (CEPA) o los avances en el manejo de residuos y la profesionalización de perfiles en empresas y gobiernos significan victorias modestas pero importantes estos 30 años.
“Surgieron metas para reducir la generación de residuos y elevar la fracción de reciclaje; estímulos al reuso de agua residual; responsables técnicos ambientales en empresas; perfiles profesionales técnico especializados en los funcionarios públicos; verificación vehicular; áreas naturales protegidas; más áreas verdes y separación de residuos”, dijo.
Opinó, que la acción multilateral evaluada en la reciente convención, debe invitarnos a lo alcanzado en Baja California durante 30 años de retos gigantes y victorias modestas, para recargar ánimos y con férrea voluntad construir esperanza, debemos acelerar el paso por la supervivencia de nuestra especie, porque claudicar no es opción.
“Treinta años después, el CEPA es autoridad, pero la estructura cambió y el gobierno tiene más sillas; la verificación vehicular ambiental pasó de competencia municipal a estatal, se implementó con éxito parcial y hoy no se aplica; las metas cuantitativas en reducción de residuos y reciclaje se retiraron de la ley”, afirmó.
Resaltó en Baja California se generan casi un millón de toneladas al año de residuos de manejo especial, que son manejados por 300 empresas, además de que ningún gobierno municipal realiza un manejo separado de la basura común.
“La red de 14 estaciones de monitoreo de la calidad de aire funciona parcialmente y una amplia red comunitaria con casi 150 sensores de bajo costo la complementa; el estado coadministra el parque San Pedro Mártir, donde se reintrodujo con éxito el cóndor de California, prácticamente extinto hace 70 años; vuelan más de 40 ejemplares”, sostuvo.
Destacó que en la entidad se tienen 12 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), entre ellas destacan la Reserva Natural Estatal San Quintín, propiedad del gobierno estatal y el Parque Estatal Arroyo San Miguel que se volvió la primera Área Natural Protegida de carácter estatal y queda una larga lista en espera.
En materia de agua recordó que el acuífero de San Quintín se agotó y no se alcanza a recargar con el agua que se alimenta de los 3 arroyos que bajan de San Pedro Mártir.
“La agricultura de San Quintín se redujo de 50 mil hectáreas a 10 mil, pero claro que el valor económico de lo que producen ahora es siete veces más que si fuera el valle completo y esa agricultura depende de ósmosis inversa, se utiliza agua salobre tratada para riego en agricultura cubierta de plástico”, explicó.
Mexicali y Ensenada han avanzado en el tema del rehusó de agua pero en Tijuana es aún incipiente, dado que aún no ha podido concretarse el proyecto de enviar un metro cúbico por segundo al Valle de Guadalupe, por lo que el acuífero del Valle de Guadalupe también está perjudicado.
“Tenemos la laguna de tratamiento de aguas residuales del oeste de Mexicali, que se usa para agua de enfriamiento en las termoeléctricas que están por La Rosita, y el agua tratada en Las Arenitas, al sur de Mexicali, se va al río Hardy; en Ensenada, las aguas tratadas en El Naranjo, se van para riego a Maneadero”, comentó.
La EPA, destacó Zavala Álvarez, está poniendo 20 millones de dólares para reinyectar las aguas bien tratadas de La Morita y Los Olivos, hasta el Valle de las Palmas, faltará el equivalente del lado mexicano, unos 400 millones de pesos, para realizar el proyecto, pero está financieramente en camino.
“La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) mostraron la necesidad de ver a la frontera ya no como línea, sino como una región de 400 kilómetros de ancho y 3 mil de largo, donde los países se consultan y respetan sus jurisdicciones en un proceso productivo y rentable”, enfatizó.
Finalmente calificó como señal esperanzadora la evolución institucional en empresas y gobiernos el hecho de que cinco municipios de Baja California tienen una dependencia ambiental en su estructura, mientras que la Dirección General de Ecología pasó a Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el gobierno estatal.
