POR LA RENTA DE INMUEBLE PARA ALMACENAR “ARCHIVO MUERTO” DE OFICIALÍA
CUANDO SE FUE, GESTIÓN DE KARLA RUIZ NO TUVO DINERO PARA ALBERGAR A MIGRANTES DEL CHAPARRAL
LOS ABANDONARON
SERGIO ANZURES
En medio de la crisis migratoria que se vive en Tijuana, con el arribo de centroamericanos y haitianos, el gobierno municipal encabezado por Arturo González Cruz destinó casi un millón de pesos para rentar un inmueble en el centro de la ciudad y guardar el “archivo muerto” (contratos, facturas) de Oficialía Mayor del Ayuntamiento.
Por el inmueble ubicado en el 1377 de la avenida Madero en la zona centro, el XXIII Ayuntamiento pagó mensualmente 111 mil 035.68 pesos, por un periodo de nueve meses, de enero a septiembre del 2021.
La contratación se hizo a través del dictamen de adjudicación directa ADQ-2021-AD-0002, solicitado por Silvia Verónica Guzmán López, Oficial Mayor del gobierno municipal con carácter provisional.
La empresa Impulsora Revolución SA de CV, cuyo representante es José Alejandro Ruíz Arretche, fue la beneficiaria que arrendó la “bodega comercial” de mil 572 metros cuadrados al gobierno de Tijuana.
En el primer trimestre del año cientos de migrantes se instalaron en las inmediaciones del Ped West, garita “El Chaparral” con el propósito de solicitar asilo en los Estados Unidos, movilización que posteriormente se le conoció como “campamento migrante”.
El gobierno federal, a través del delegado único Jesús Alejandro Ruiz Uribe, dijo que se coordinarían con el gobierno municipal, para las autoridades municipales rentaran un inmueble para trasladar a decenas de migrantes.
La alcaldesa Karla Ruiz Macfarland —tomó posesión por segunda ocasión el 12 de febrero del 2021–, indicó en diversas entrevistas que no se había podido realizar el contrato de arrendamiento para el traslado de los migrantes por falta de recursos, que los que se tenían era para administrar la ciudad.
Sin embargo, había uno firmado por el gobierno encabezado por Arturo González para el “archivo muerto” de Oficialía Mayor del Ayuntamiento, lo que fue un gasto innecesario y en la gestión de Karla Ruiz siguió el contrato, no hubo intento alguno por cancelarlo, o no pudieron hacerlo.
El contrato entre el XXIII Ayuntamiento de Tijuana y la empresa Impulsora Revolución SA de CV, se concretó el 27 de enero del 2021, durante el periodo en que Arturo González Cruz había regresado de su primera licencia como alcalde de la ciudad y todavía no llegaban los migrantes que se instalaron en el Chaparral.
