Encrucijada
13 de octubre de 2021.- La reforma energética que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), requiere de mayoría calificada en la Cámara de Diputados para ser aprobada, una vez que el Senado hizo lo propio a principios del mes de marzo. Pero el bloque denominado de la 4T no cuenta con el número necesario para llegar a esa mayoría.
En efecto, si se suman los diputados de Morena (201), PT (33) y PVEM (43), el bloque de la 4T alcanza 277 votos; lo cual significa que faltarían 57 votos para alcanzar el número requerido: 334. Tanto el PAN, como el PRD y MC han dicho que no apoyan la reforma. Los votos que se requieren podrían entonces provenir de la bancada del PRI, que cuenta con 71 escaños en la cámara baja. El PRI no se apresuró, como los otros partidos opositores, a pronunciarse en contra del proyecto de reforma energética y dejó abierta la puerta para negociar su aprobación. Ello ha desatado toda suerte de comentarios a favor y en contra.
Para nadie es un secreto la crisis de representación que atraviesa el PRI. Su caída electoral inició en 1997, pero se recrudeció a partir del año 2000; aunque recuperó el poder en 2012 de la mano de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto gracias a una alianza con los medios de comunicación tradicionales, la compra y coacción del voto y el apoyo de importantes segmentos del panismo. Pero en 2018, cayó a su nivel más bajo en las preferencias ciudadanas, y se replicó en los siguientes 3 años en el plano federal y sobre todo local. Lo que sucedió en la elección de gobernador de Baja California es la prueba fehaciente de que el PRI enfrenta una profunda crisis y que requiere un golpe de timón.
Paradójicamente, la reforma energética de AMLO pudiera ser una tabla de salvación que le permitiera sobrevivir y alcanzar el piso requerido para no desfondarse. Sin embargo, las presiones internas y externas al instituto político son muchas. Como sabemos, a partir de 1982, los gobiernos emanados del PRI impulsaron un proyecto basado en las privatizaciones cuya tesis central fue que el Estado interventor era un obstáculo para el desarrollo económico. Hoy ese modelo se le conoce como “neoliberal”. Sería a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando, en palabras del presidente, el “Estado obeso había que ponerlo a dieta”. Y así, se redujeron al mínimo las empresas y organismos que constituían el sector paraestatal de la administración pública.
Dicho modelo que tenía como misión “adelgazar” al gobierno, desmanteló al Estado Benefactor que se había construido desde la postrevolución hasta los años ochenta. La estrategia continuó hasta 2018, tanto por gobiernos priistas como panistas. En ese lapso, el PRI se vació de contenido ideológico que le dio sustento y se convirtió en un simple instrumento para operar las políticas del presidente en turno. Incluso bajo el gobierno de Salinas de Gortari, se decía que el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se convertiría en partido político y sustituiría al PRI.
El PRI se encuentra en la encrucijada de su historia: o decide no apoyar y votar en contra de la reforma energética o brindar su anuencia para una reforma que pone su acento en la rectoría del Estado en materia de recursos estratégicos. La oposición al gobierno de AMLO también habla de encrucijada pero la presenta de forma radicalmente diferente. Sostienen que el PRI debe optar entre apoyar la propuesta del Ejecutivo y voltear al pasado o votar en contra, para continuar viendo hacia el futuro. Es decir, para esta propuesta la modernidad es continuar en el camino trazado desde 1982.
El PRI tiene en su historia un referente: la ideología de la Revolución Mexicana, como la definiera el gran politólogo Arnaldo Córdova. Hoy, lo que de nuevo está en juego es un proyecto de Nación. En un extremo se encuentra al proyecto de continuidad del modelo iniciado en 1982 y que postula un “Estado mínimo” sólo al servicio de la empresa privada y del mercado que, a decir de sus defensores, genera riqueza sobre la apropiación privada de todos los recursos; o, un modelo de desarrollo basado en un Estado Social, regulador del mercado, en beneficio de la redistribución de la riqueza y basado en el control de los recursos naturales de la Nación. El PRI deberá optar entre estos dos proyectos. Apoyó al primero entre 1982 y 2018 y le pasó una factura con un alto costo electoral. El segundo, es el modelo que ha resultado exitoso en los países desarrollados de Europa y bajo democracias consolidadas. El PRI está ante la disyuntiva de reivindicarse frente a las mayorías de la sociedad a las que abandonó o seguir el camino hacia su extinción.
