A siete días de que veintiún desleales y traidores diputados locales, aprobaran la mal llamada “Ley Bonilla”, que le permite a Jaime Bonilla Valdez, Gobernador Electo de Baja California, gobernar cinco y no dos años como lo decidimos el 29.0% de los bajacalifornianos que acudimos a las urnas el domingo dos de junio, ha encontrado el rechazo unánime de quienes dentro y fuera de Baja California vieron que lo hecho por esos cobardes “representantes populares” pone en riesgo el pacto federal y atenta contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a tal grado que Porfirio Muñoz Ledo, Diputado Federal de Morena y actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados pidió la desaparición de poderes, a su vez los empresarios, abogados y ciudadanos agraviados solicitamos que se agoten los medios legales para frenar la entrada en vigor de tan descabellada decisión.
En tanto que Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Gobernador del Estado de Baja California, en las postrimerías de su mandato, el último de treinta años de hegemonía panista, prometió y cumplió al no publicar el viernes 12 de julio en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California, la reforma al artículo 8vo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, pero el Jefe del Poder Ejecutivo en el también llamado Estado 29, fue más allá y en las últimas horas del lunes 15 de julio, advirtió que interpondrá la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer valer por los conductos legales la voluntad de los bajacalifornianos que aquel domingo dos de junio, sufragamos por un gobernador cuyo periodo sería de dos años y no de cinco.
Por su parte a paso lento, derivado de la nula participación ciudadana en México, pese a que en Baja California hay una Ley Estatal de Participación Ciudadana, un reducido grupo de mexicalenses se manifestaron públicamente en la explanada del Congreso del Estado en donde amarrados con mecates colgaron unos costales con el símbolo de pesos, aludiendo al dinero que recibieron los veintiún congresistas locales nueve del PAN, cinco del PRI, una del PRD, uno de Movimiento Ciudadano, tres de Morena, uno de Transformemos y una del PT, y en Tijuana un pequeño grupo de tijuanenses, el lunes 15 de julio, pero por la tarde externaron su inconformidad en exterior de la Visitaduria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitando que la voluntad popular se respete.
Y aunque ya transcurrieron ocho días de la aprobación de la “Ley Bonilla”, el rechazo de inconformidad generalizado dentro y fuera de Baja California prevalece y hasta se aviva más, toda vez que los dirigentes nacionales y estatales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano respectivamente, ya comenzaron el proceso de expulsión de los legisladores que bajo diversas argucias se aliaron a los tres congresistas de Morena, para traicionar la voluntad de los bajacalifornianos que acudimos a hacer efectivo nuestro derecho de votar, sobre todo por violar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y poner en entre dicho el Estado de Derecho.
Mientras que al ver en peligro su permanencia en el PRI, el aún legislador priista Bernardo Padilla Muñoz, ya salió públicamente para autodefenderse de los embates y críticas, así como del linchamiento popular de que es objeto por ser uno de los veintiún de los traidores que el 8 de julio, le dieron la puñalada artera y cobarde a la democracia en Baja California, pues el antes citado en entrevista en Notivisa Regional de las 22:30 horas, conducido por el periodista Fernando del Monte Ceceña, juró y perjuró que actúo por convicción propia, que personeros de Jaime Bonilla Valdez, nunca le hicieron la propuesta indecorosa $$$$$, que se defendería jurídicamente para no ser expulsado del partido tricolor y señaló que ha sido enjuiciado públicamente sin respetarse el debido proceso. ¿Ustedes le creen a Padilla Martínez?
Pero ante tan bochornoso espectáculo poselectoral que puso a Baja California en el ojo del huracán en todos los ámbitos sobre todo político y que obligaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a supuestamente deslindarse, (sí como no) de tal aberración, las huestes de Bonilla Valdez, encabezadas por Amador Rodríguez Lozano, ya salieron públicamente en defensa de su protector y benefactor, lanzando acusaciones a diestra y siniestra en contra de sus detractores, sin embargo los ciudadanos agraviados por ver vulnerado su legítimo derecho a decidir, a través de las redes sociales ya le respondieron con dureza al político tijuanense, quien por muchos años fue señalado de ser el mapache y alquimista mayor en la estructura del entonces poderoso Partido Revolucionario Institucional.
También saltan a la vista varias preguntas entre ellas, ¿tendrán los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el valor de echar abajo la “Ley Bonilla?, ¿harán valer nuestros bien pagados togados la autonomía del Poder Judicial Federal? o ¿también se venderán $$$$$, al mejor postor?
Lo bueno de todo este entramado político, es que la mal llamada “Ley Bonilla” recibió el rechazo unánime de varios estratos de la sociedad, incluidos integrantes de Morena como son los casos de los diputados federales morenistas Tatiana Clouthier Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo, mandamás de la Cámara de Diputados federal quien exigió ante el cochinero la desaparición de poderes, de igual manera del líder moral del PRD y fundador de la izquierda en México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato presidencial, de periodistas que prestan sus servicios en medios de comunicación de circulación nacional como prensa, radio, televisión e internet, pero sobre todo los bajacalifornianos que reitero que votamos el domingo dos de junio por un gobierno de dos años Y NO DE CINCO.
El autor de esta columna es periodista desde hace 35 años, es Director del portal de internet www.ensaladadeportivabaja.net y es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Tijuana, CUT, Campus Altamira.
