DELIBERAR O BOICOTEAR
Una de las virtudes del ejercicio de consulta popular del próximo domingo 1 de agosto es sin duda que ha propiciado una importante discusión en amplios sectores de la sociedad mexicana acerca de la importancia de acudir o no a las urnas. Como era previsible, la oposición gubernamental ha decidido no participar y todavía más, ha promovido el boicot a la consulta a través de sus voceros oficiosos. Quienes le damos un valor como ejercicio de participación ciudadana de la democracia, consideramos importante el llamado a acudir a las urnas el próximo domingo.
Sobre la formalidad de la consulta ya ha corrido mucha tinta. Yo mismo la he abordado en un par de ocasiones en este espacio. Los temas: sobre la no concurrencia el día 6 de junio, la ambigüedad de la pregunta, el costo del ejercicio, etc. Esas son algunos de los inconvenientes que los detractores esgrimen, aunado a la madre de los todos los argumentos: “la ley no se consulta”.
Considero que la consulta popular, contemplada en Ley Federal de Consulta Popular (LFCP), aprobada el 14 de marzo de 2014 y reformada en mayo de 2021, tiene dos grandes perspectivas de abordaje: la jurídica y la política. En el primer plano, efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia encargada de aprobar las consultas, afirmó que no se podía llevar a cabo el ejercicio con una pregunta que particularizara los casos en actores específicos, en este caso los expresidentes. Por ello, redactó la pregunta como aparecerá en la boleta, refiriendo a “decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, que pueden ser todos o ninguno. Creo que se pudo haber redactado mejor la pregunta y de manera más clara.
El tema aquí es cómo se aplicará la justicia “transicional”, es decir, cómo se procesará a esos “actores políticos”. Se deberán integrar expedientes y serán presentados por la Fiscalía General de la República. Serán juicios largos, llevados a cabo por un Poder Judicial corrupto y en el que muchos de sus jueces se identifican con esos mismos actores llevados al banquillo de los acusados. En términos legales podría ser una terrible decepción.
Considero que el ámbito más importante de la consulta es sin duda el político. Se trata de la primera experiencia de un ejercicio de democracia directa en nuestro país, paradójicamente, “con todas las de la ley”, organizado por el Instituto Nacional Electoral de acuerdo a las reglas establecidas en la LFCP. Este histórico ejercicio ya ha permitido una discusión pública importante en nuestro país sobre el significado de las consultas, sus alcances, limitaciones y trascendencia. Abre la puerta para que en el futuro la participación ciudadana tenga un cauce y efectos directos sobre la vida pública nacional.
En el mediano plazo deberemos regresar al espíritu original del artículo 8 de la LFCP en la que se contemplaba que las consultas serían en concurrencia con las elecciones (en este caso federales). La presión de la oposición logró que la mayoría del Congreso reformara el artículo y que la fecha establecida sea el primer domingo de agosto del año de la elección. Un cambio absurdo y que ahora sirve de argumento para decir que “la consulta es muy cara”.
Quienes argumentan en contra de la consulta han decidido boicotearla utilizando los medios de comunicación y redes que controlan. Llama la atención que los opositores más activos no son los partidos políticos, sino editorialistas, comentaristas y quienes se reivindican como “activistas sociales”, “representantes de la sociedad civil”. A estos últimos se les llena la boca con la “participación ciudadana”, pero dicen, sólo la que ellos proponen. Curiosa postura. No ven que la utilidad de la consulta del 1 de agosto es que abrirá la puerta para no solo avanzar en la generalización de los mecanismos de la democracia directa, sino que ha permitido la deliberación pública, indispensable para la construcción democrática. Aunque parece imposible alcanzar el 40% de participación (casi 38 millones de ciudadanos acudiendo a las urnas) la semilla estará sembrada. Y dado el contenido de esta primera consulta, es una advertencia a los delincuentes de cuello blanco sobre las consecuencias de los actos de corrupción. Es un acto simbólico contra la impunidad, la violencia y la necesaria reparación del daño. El boicotear esta consulta es la forma más evidente de estar del lado del pasado oprobioso mexicano. Pero, además, es un golpe directo al Instituto Nacional Electoral, que, pese a los problemas, es el organizador de la consulta. Es minar su credibilidad, es un golpe bajo al trabajo de educación cívica, de construcción ciudadana que desarrolla.
