“Medidas contundentes” de la PF o los 220 mdp perdidos por casetas tomadas.
En mi reciente visita a la cenicienta del pacífico —Ensenada, Baja California—, pude apreciar el paro de labores efectuado por los elementos de la Policía Federal, —PF— en vías de extinción, como protesta a las medidas del poder ejecutivo en su afán de incorporarlos a la Guardia Nacional, GN. Lo mismo sucedía en diferentes puntos del país.
Quiero destacar algunos contratiempos ocurridos, principalmente con la división caminos, y sobre todo, por haber convivido con algunos elementos de la corporación en mi vida reporteril.
Sucedió circulando en carretera, entre León y Silao, Guanajuato, un “federal” nos indicó, con señas y torretas encendidas que detuviéramos la marcha del vehículo. El motivo, según el oficial, fue el exceso de velocidad en una vía en donde se permitía 40 kilómetros por hora como velocidad máxima.
Mi amigo, quien conducía el coche, de inmediato pensó que tenía que “ponerse bello” con un buen billete si quería librar las de “Caín”. De inmediato empezó la negociación a la mexicana, en el regateo entre el oficial y conductor. Por un lado, la amenaza de remolcar el vehículo, el costo del arrastre, de la grúa, de la multa por el exceso de velocidad, el corralón, que el vehículo tendría que ser decomisado, entre otros, más faltas administrativas e infracciones.
Muy en su estilo —mi amigo de origen italiano— profiriendo en su enojo una retahíla de maldiciones y expresiones propias de su pueblo, que no considero propicio poder ilustrar en estas líneas inmaculadas y límpidas. Así lo dijo: “Nunca alcanzaríamos el desarrollo y el progreso porque siempre, el mexicano, se pone límites”. Ejemplo, adujo, es la carretera.
«— En mi país existen velocidades mínimas, no máximas. —“Ma porca la misseria”. “Sei uno stronzo”.
Lo demás es historia.
A lo largo de los miles de kilómetros de autopistas y carreteras que conforman las vías de comunicación de nuestro país, la labor de la Policía Federal distaba mucho a su vocación de servicio y de inhibición del delito. En los tramos carreteros entre Puebla y Veracruz, las historias de asaltos por grupos armados están a la vista de todos.
No hace falta recurrir al rechazo generalizado de los usuarios de las redes sociales —que volcaron su apoyo al mandatario federal en su intención de enviar a los elementos de la policía federal a las filas de la Guardia Nacional— para dar a conocer que lejos de sentirse seguros con la presencia de los elementos policiacos en sus vehículos automotores, tenían la sensación de incomodidad ante el acecho o la mordida en ciernes.
Y lo que más deja en el sentir de la población es que, en algún momento, se vio obligada a abrir su cartera en beneficio de los elementos de la policía federal con un alto costo por el cohecho.
«— Ayúdeme para poder ayudarle, joven.
Y así, muchas historias de “Sensacional de carreteras”.
No podemos ni debemos olvidar toda una historia de represión en contra de quienes se manifestaban, violentando —a todas luces— los derechos humanos más elementales de quienes se atrevieron, en su momento, a externar su inconformidad, su desacuerdo y su rechazo a las acciones generales del gobierno en turno: sucedió con Fox, con Calderon, con Peña.
La historia de la corporación que aglutinó a la policía federal es una historia de violación sistemática a los derechos humanos, de excesos, prepotencia, amenazas, represión, tortura, muerte y de desapariciones. Principalmente en contra de los maestros de la CNTE, de los obreros de Luz y Fuerza del Centro, en suma, de quienes se atrevían a desafiar al Estado; lo mismo en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca o Guerrero, Baja California o Veracruz.
En otro tenor. En estos días tuve la oportunidad de presenciar un documental sobre el holocausto Nazi en Lituania, —Túnel de fuga del HOLOCAUSTO dirigida por Paula Apsell— en el que se presentan los avances tecnológicos y científicos, así como herramientas novedosas para descubrir las fosas clandestinas, los cuerpos enterrados y otros accesorios que permiten visualizar el subsuelo y conseguir los fines de la investigación en comento, en este caso, el de la “Solución final”.
¿A qué viene el comentario?
Sin duda, para evitar las pesadas labores de los colectivos de búsqueda de los desaparecidos, que siempre se encuentran solos y sin el apoyo gubernamental mínimo en la búsqueda de sus deudos.
Es por ello que me parece propicio sugerir el importar, en primer lugar, el diseño metodológico de la investigación, los instrumentos de medición y sobre todo; en segundo lugar, los resultados obtenidos a raíz de la puesta en marcha de la experiencia en Lituania para que puedan ser aplicados en la búsqueda de los miles de desaparecidos en nuestro país, en el que —sin ser oficial— también se vive un holocausto.
Si se pudiera contar con lo anterior, los instrumentos y el marco de investigación de referencia, los afectados por la pasividad y anomia de las instancias gubernamentales —desde los organismos defensores de los derechos humanos en los estados y hasta la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la CIDH— estarían en posición de otorgar a quienes hoy lloran por sus desaparecidos, un rayito de esperanza en su eterno valle de lágrimas.
Para concluir quiero externar la inquietud de los miles de ciudadanos que transitan por las carreteras de cuota, principalmente las ubicadas en Baja California: ¿Quién pagará el costo de las pérdidas por 220 millones de pesos dados a conocer por la SCT, generadas a raíz de las casetas tomadas?
En suma, ¿Quién o quienes están usufructuando las millonarias ganancias a costa de las pérdidas en las casetas de cobro por un monto superior a los 220 millones de pesos?
