Tijuana.- La escasez de recursos en el gobierno federal limita cada vez más la inspección y vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que estas tareas deben recaer en “cascada” en los gobiernos locales y es hora de crear la Procuraduría Ambiental Estatal que se quedó en el papel.
Así lo dijo el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), afirmando que hay una oportunidad de cambiar la estructura bajo la cual se han organizado los gobiernos y lograr una gobernanza donde haya participación ciudadana y donde el desarrollo sustentable sea un eje transversal.
El también vicepresidente de Gestión Ambiental en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana aprovechó para aplaudir la reciente designación de Víctor Manuel Toledo Manzur al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), calificándola como una señal excelente para el tema ambiental.
“Es un académico de muchísimo prestigio, destacado en México y el mundo; tiene trabajo científico sobre etnoecología, economía política, economía social, biodiversidad y pueblos originarios, creo que dará énfasis en eso, así que la señal del gobierno federal es excelente en administración pública para el tema ambiental, esperamos seguir en ese tono”, opinó.
Recordó que la Procuraduría Estatal Ambiental no se creó porque el gobierno estatal actual nunca otorgó el presupuesto, pero urge hacerlo, porque ante los recortes federales falta personal, presupuesto e infraestructura locales para “cachar” esas funciones y cumplirlas.
La realidad no se detiene, dijo, hay casos en proceso: un dren agrícola en el Ejido Sinaloa del Valle de Mexicali donde se tiró aceite automotriz usado, mil 500 metros contaminados, es obligada la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno para sanear y buscar responsables.
Otro caso, añadió, son las aguas residuales sin tratamiento descargadas al mar en Punta Bandera en Tijuana o en Ensenada; además, en Valle de Guadalupe el poblado Francisco Zarco descarga 15 litros por segundo de agua residual cruda, sin ningún tratamiento, incluso hay planes de llevar agua de reúso desde Tijuana, sería más lógico tratar el agua local.
“La política ambiental nacional sigue una inercia de desmantelamiento por recortes, antes por no ser prioridad, hoy por luchar contra la corrupción; antes por escándalos como el helicóptero de Conagua usado como Uber y hoy por retrasar un vuelo comercial; se eliminó a los delegados, puede ser bueno si las funciones las cachan los gobiernos locales”, opinó.
Indicó que hay estados con una Secretaría de Desarrollo Sustentable, pero aún no la hay en el gobierno federal; agregó que la Conagua se vincula a la estructura de la Semarnat, pero en gobiernos estatales no, como Baja California, donde la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la cual dependen los organismos operadores como la CESPT, se vincula a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, no a la Secretaría de Protección al Ambiente.
“En casi todo el país, agua y drenaje están a cargo de empresas paramunicipales, pero en Baja California están en una paraestatal, la CESPT; los parques nacionales de San Pedro Mártir y Constitución 1857 dependían de la Conanp, en la Semarnat, pero al pasar al estado primero quedaron en la Secretaría de Fomento Agropecuario y hoy en la Secretaría de Protección Ambiental”, precisó.
Es difícil, añadió, pensar que a nivel municipal agua, basura y áreas verdes no estén vinculadas al área ambiental, es lógica la relación temática y solo en pocos ayuntamientos la dependencia ambiental municipal está a cargo de parques, jardines, limpia, agua y drenaje.
“Tijuana tiene la Secretaría de Movilidad Sustentable, ¿será que el tema de energía sea ajeno al cambio climático? No, claro que está vinculado estrechamente al tema ambiental”, dijo el egresado del Programa LEAD (por sus siglas en inglés) para líderes comprometidos con el desarrollo sustentable, el cual cursó en el Colegio de México.
Afirmó que las tareas de inspección y verificación deben recaer en los gobiernos locales, lo que implica dotarlos de presupuestos, facultades en la ley para que estos temas sean de su competencia y con personal capacitado para estas funciones, pero aclaró que esto no significa que el gobierno deba hacerlo todo, sino que pueden apoyar empresas particulares.
“El gobierno no tiene por qué hacer auditorías a todas las empresas, esto puede recaer en una auto vigilancia de las empresas, este concepto ya estaba en la Ley Estatal de Ecología de los noventa, en la primera administración panista, pero desapareció en el camino; era una ley avanzada, con metas para reciclaje de basura, vidrio, plástico”, recordó.
La mitad de la población no puede ser policía de la otra mitad, opinó José Carmelo Zavala, en las empresas debe haber un responsable ambiental profesional que emita reportes al gobierno, como hay en todas las farmacias un responsable químico con cédula profesional.
“La Procuraduría Federal del Consumidor pone sellos de calibración en las bombas de gasolina, pero puede tardar meses en ir por falta de personal, así que a las estaciones les resulta mejor llamar a una empresa -Unidad de Verificación (UV)- autorizada por la Entidad Mexicana de Acreditación para certificar conforme a la Norma Oficial Mexicana”, ejemplificó.
Agregó que en las estructuras de gobierno hay una departamentalización que no logra mantener la visión de conjunto y esto impacta su funcionalidad, por lo que deben juntarse la responsabilidad social, el desarrollo económico y la protección ambiental, puesto que los tres elementos de la sustentabilidad deben reflejarse en las estructuras de gobierno.
“Cuando el gobierno federal se adelgaza ¿está listo quien cacha esas funciones en el gobierno local?, ¿cuáles funciones se socializan a organizaciones profesionales, colegiadas y autónomas en una nueva gobernanza? Necesitamos imaginación para innovar las estructuras, hacerlas más dinámicas y que reflejen la realidad líquida actual”, finalizó.
