Del asesinato de Rubí
La ineptitud de las autoridades de la Fiscalía General del Estado le costó la vida a Rubí Ojeda Huerta, la trabajadora de la Secretaría de Salud de Baja California que fue asesinada el jueves por la mañana, en la delegación Vicente Guerrero, al Sur del municipio de Ensenada.
Así lo denunciaron sus familiares, quienes piden justicia en este caso, ya que a pesar de las denuncias que había interpuesto la víctima en contra de su expareja, ante dicha autoridad, nunca hicieron lo necesario para evitar el lamentable desenlace.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nueve de cada 10 delitos en México no se denuncian, y de los delitos que se denuncian, alrededor de un 30 por ciento no se atienden, es decir, ni siquiera se inicia Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.
En resumen, el 93 por ciento de los delitos en México no son investigados por las autoridades, y por ende quedan impunes, según los propios datos oficiales del INEGI, lo que evidencia dos cosas a la vez: la gente no confía en las autoridades, pero además, que no hay motivo para confiar.
Rubí, abogada de profesión, fue de ese bajo porcentaje que confió en las autoridades y acudió a denunciar, en más de una ocasión, quizás porque precisamente ella daba pláticas a mujeres que víctimas de violencia de género, sin embargo, el gobierno que por un lado le dio empleo para dar información de prevención, por otra parte la dejó indefensa ante el agresor.
La Fiscalía General del Estado registró más de 2 mil denuncias por amenazas, en Baja California, durante los primeros ocho meses del presente año, alrededor de 400 denuncias por violación sexual y más de mil por otros delitos sexuales, durante el mismo periodo, según la estadística que actualiza mensualmente.
Con estas cifras, más el 90 por ciento que no se denuncia, nos podemos dar una idea de cuántas mujeres están a punto de repetir la historia de Rubí, mientras la autoridad se pierde en un mar de burocracia, inacción y apatía, porque sencillamente “no les cae el 20” de que hacer o dejar de hacer su trabajo, es la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas.
Además, en todo asesinato hay víctimas colaterales, es decir, familiares y amigos que sufren el resto de la vida la pérdida de un ser querido, con la impotencia de saber que hagan lo que hagan, nada le devolverá la vida.
Rubí sufrió agresiones físicas y psicológicas, vivía bajo amenaza de muerte y por si fuera poco sabía que su expareja tenía un arma de fuego y hasta sabía dónde la guardaba, pero las autoridades decidieron hacer caso omiso de los gritos de auxilio de la ahora finada.
Esta columna de opinión no pretende ser un dedo acusador de los actos consumados, lo que pretende es abrir los ojos de los funcionarios que andan por la vida pensando que hacen todo bien, que “hacen lo que está en sus manos”, que no pueden hacer más, y que se justifican por todas las omisiones que se cometen.
Es también un aplauso y un reconocimiento a quienes sí hacen su trabajo bien, quienes sí son conscientes de la importancia de su labor, quienes tienen empatía con las víctimas y se comprometen a resolver sus casos antes de que terminen como el de Rubí, porque sé de cierto que no todos son iguales, aunque desgraciadamente trabajan en un sistema viciado de origen, pero vale la pena intentar hacer la diferencia.
*Joatam de Basabe es comunicólogo y periodista, con más de una década de trayectoria en los medios de comunicación (radio, periódico, televisión e Internet). Actualmente es secretario de la Asociación de Periodistas de Ensenada y reportero de Televisa Californias.
