Tijuana.- Aprovechándose de la confianza que le tenían, un hombre identificado como Jesús Arturo Alarcón Carlos, despojó a una familia de un terreno que acaban de adquirir en la colonia Mariano Matamoros Sur, haciendo falsificación de firmas y otros documentos sin que hasta hoy la autoridad haga algo al respecto.
Los hechos ocurrieron en julio del año 2014, cuando Esther Alicia Cruz Contreras y su ya difunto esposo hicieron entrega de los documentos del terreno al Alarcón, quien en ese entonces era pareja sentimental de su hija.
Esther narró que la intención era que Alarcón Carlos les apoyara a solucionar el trámite de cambio de propietarios, pues el predio lo acababan de adquirir tras comprárselo a una amiga de la familia.
Sin embargo se toparon con la sorpresa de que días después, el hombre regresó acompañado de policías alegando que el terreno le pertenecía y tenían de desalojarlo, de lo contrario habría problemas legales.
El 17 de julio del 2014, el esposo de Esther presentó su primera denuncia ante las autoridades ministeriales por lo ocurrido, si embargo desde entonces no se ha obtenido una solución clara.
Esther, con voz quebradiza, narró que su marido falleció el pasado 25 de julio del 2020 a causa de enfermedades que se fueron generando a raíz de ese conflicto.
“He ido a Derechos Humanos, a Palacio Municipal, al Registro Público, sólo me traen a vueltas y vueltas desde entonces”, dijo y compartió que resulta complicado en ocasiones buscar el apoyo.
En el Ministerio Público, comentó, le negaron la atención argumentando que no había delito que perseguir, toda vez que presuntamente los archivos del caso ya no estaban en el sistema de denuncias.
Ahora Esther pide el apoyo de las autoridades competentes para recuperar de alguna forma su predio ubicado sobre la calle Ignacio López Rayón con el número 9831 de la colonia Mariano Matamoros Sur.
Dicho predio, comentó, ya está a nombre del ex novio de su hija, y se percató de ello por los recibos de agua y luz, sin embargo también detectaron que se falsificaron las firmas de ella y su esposo, así como de la principal propietaria.
Señaló que se trata de un delito, pero que no se le ha dado una respuesta desde el 2014, además, ha buscado el apoyo de abogados económicos toda vez que no cuenta con los recursos suficientes para solventar el gasto.
Actualmente es la licenciada Dolores “N” del Juzgado Octavo de Distrito quien la ha estado apoyando, pero tampoco ha visto una solución pronta.
