En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay consistencia en la no tolerancia de actos de corrupción, sin embargo, todavía es muy pronto para conocer la eficacia de las medidas tomadas para combatir ese problema, planteó la coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fabiola Navarro Luna.
En entrevista, explicó que en el desempeño de la actual administración federal en el combate a la corrupción hay que distinguir dos líneas de acción: el discurso de la no tolerancia a la comisión de ese tipo de actos y, por otra parte, las medidas adoptadas.
En ese tenor, expuso que la no tolerancia es un eje central en el Programa Nacional de Desarrollo y el programa de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Dijo que hay señales que se están haciendo cosas positivas, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que el presupuesto se gaste mejor y se eviten actos de corrupción, pero “todavía es muy pronto para conocer la eficacia de esas medidas” y de hacer una evaluación general.
La académica comentó que también “hay indicios” que apuntan en el sentido de que pueden estarse generando nuevos problemas, por ejemplo, algunos derivados de las compras consolidadas, específicamente en el ámbito de la salud.
“Parece que lo que hay es que estas medidas de concentración, que tienen como propósito gastar mejor, lo que pudieron haber provocado es una lentitud en el proceso de compra y, con ello, una afectación muy fuerte al derecho a la salud de ciertas personas”, indicó.
