Satisfechos con la resolución de la Fiscalía General de Baja California —al anunciar que no ejercerá acción penal en su contra— los involucrados en el escándalo de “los moches” salen a decir: ¿Ya ven? ¡Somos inocentes!
Y es que la semana pasada la Fiscalía Estatal decidió “archivar” la investigación que involucra a Cinthya Gissel García Soberanes, quien fungía como secretaria de Bienestar Social y al entonces oficial mayor Jesús Damián Núñez, por el delito de “negociaciones ilícitas”.
El escándalo de corrupción dejó saber que recibieron dos decenas de millones de pesos de empresarios a cambio de otorgarles jugosos contratos en este gobierno.
Al estallar el ruidoso tema trascendieron conversaciones en WhatsApp entre Cinthya Gissel y Rosendo Colorado en donde referían temas de millones de pesos.
Tal escándalo registrado a mediados de noviembre provocó que Cinthya Gissel “desapareciera” del escenario gubernamental y social.
A finales de ese mes se conoció que esta mujer estaba “en coma” y horas después su hija informó que su señora madre renunciaba a su puesto.
¿Cómo alguien que se encuentra en coma puede tomar tamañas decisiones?
Días antes Rosendo Colorado concedía una entrevista donde involucraba a otros funcionarios (entre ellos al oficial mayor Jesús Núñez) y detallaba el monto de dinero solicitado a empresarios.
El primer escándalo de corrupción tambaleó el gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez, quien debió instruir a la secretaria de Honestidad y la Función Pública Vicenta Espinosa Martínez a investigar a profundidad el asunto.
Al tratarse de negociaciones ilícitas y contar con versiones plasmadas en video, la señora Espinosa solamente tendría que armar el expediente y entregarlo a la Fiscalía Estatal.
¡Pero esta mujer se hizo pato!
El asunto es que la semana pasada, la Fiscalía Estatal emitió un comunicado donde se informa que al carecer de elementos contra los imputados se determinó el no ejercicio de la acción penal contra ellos y por tanto se decidió archivar el expediente.
Dicho comunicado —en uno de sus párrafos— refiere que en ese momento los imputados no tenían el carácter de servidores públicos.
Si acaso esto genera confusión, vale decir que estos “moches” se negociaron y se concretaron en los meses previos a la entrada del nuevo gobierno.
Ahora bien, la fiscalía queda en evidencia porque si “los imputados” no eran funcionarios públicos de todas maneras cometieron un delito.
Cierto que se consideraría un agravante si hubiesen sido funcionarios públicos pero de cualquier manera fue un ilícito.
Hasta hoy no se ha dicho que de no haberse “archivado” el expediente, los susodichos podrían haber alcanzado una pena de cárcel de cinco años.
¡Pero el descrédito hubiese sido para el gobierno!
En resumen, los “imputados” no pueden presumirse inocentes, sino que la decisión de “archivar” el expediente fue un recurso del gobierno para que su imagen no saliera mayormente vapuleada.
Resultaría vergonzoso que un gobierno que se dice dispuesto a erradicar la corrupción haya contratado a personas que ingresaron a la cárcel precisamente por corruptas.
Así también queda en evidencia la señora Vicenta Espinosa, quien (ya se ha señalado) estaría dispuesta primero a inmolarse que a reconocer actos de corrupción dentro del actual gobierno.
Positivo
Qué bueno que los mexicanos han atendido en su mayoría las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.
Debemos estar conscientes que la actual pandemia amenaza a todos por igual, a pobres y ricos, a negros y a blancos.
El coronavirus no respeta raza, sexo o posición social.
La sociedad mexicana ya está consciente de ello y acata al máximo las recomendaciones.
Sin embargo, la autoridad debe saber que los mexicanos difícilmente aceptarán los engaños.
Ofrecer las cifras reales no significa que los mexicanos caerán en pánico.
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