TIJUANA.- La clausura de “Ecowaste” y el aumento del 20% de residuos a causa del COVID-19, será un reto para el Ayuntamiento de Tijuana, ya que los residuos que dicha empresa recibía podrán terminar en barrancos, tiraderos clandestinos o en su caso en cañón del matadero, generando grandes afectaciones al medio ambiente, advirtió Christian Omar Armas, especialista en medio ambiente.
Dijo que cuando concluya la cuarentena en la región, “no todo volverá a la normalidad ese 20 por ciento de residuos, podrá llegar para quedarse ya que se seguirán utilizando, cubrebocas, guantes, toallas desinfectantes y sobre todo el uso de desechables plásticos”.
“En estas últimas semanas han ido en aumento, es por eso que el Ayuntamiento debe ya pensar en la solución a largo plazo e impulsar la separación” desde la fuente y equipar al municipio para hacer frente a los residuos, para evitar volver a reactivar el virus”, agregó.
El representante de la Asociación Civil “CIBRUC”, explicó que, según los informes de la Dirección de Servicios y Obras Públicas Municipal, el Municipio no depositaba sus residuos en dicha empresa “Ecowaste”, pero esta empresa si prestaba el servicio a comercios y a particulares recibiendo un aproximado de 400 a 500 toneladas diarias.
Detalló que “esto quiere decir que dichas toneladas ahora tendrán que ser enviadas al otro extremo de la ciudad al relleno sanitario en Valle de Las Palmas, lo cual generará mayor costo de traslado y solo llegarán la mitad de residuos de 200 a 250 toneladas, la otra mitad de quedarán en sitios no autorizados o barrancos”.
“Al menos que el municipio reciba dichas toneladas en sus centros de transferencia, lo cuales operan a un 60 por ciento por falta de infraestructura”, señaló.
Según el estudio realizado por el Consejo de desarrollo de Tijuana en conjunto de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana en 2018, nos muestran que al Ayuntamiento de Tijuana le cuesta mil 350 pesos por tonelada aproximadamente por la limpieza, recolección, traslado y disposición final de los residuos.
El último reporte de la DSPM confirma que el aumento de los residuos por dicha contingencia es del 20 por ciento; “nuestros datos son que de ese 20 por ciento son 400 toneladas aproximadamente, generando un sobre costo 540 mil pesos diariamente”, expuso.
Christian Omar Armas consideró que la reciente clausura del sitio de manejo especial ubicado en “El Jibarito”, operado por la empresa “Ecowaste”, donde se estima que recibían entre 400 a 500 toneladas de residuos diarios aproximadamente, “nos habla de que dicha empresa daba servicio a una cuarta parte de la ciudad de Tijuana sobre a todo a comercios”.
“Debido al mal manejo de los residuos por parte de la empresa, el Ayuntamiento aplicó correctamente el reglamento, clausurando sus operaciones”, dijo.
Al señalar que Tijuana ya no cuenta con espacio para otro relleno sanitario, el consultor binacional en medio ambiente precisó que la zona oeste de Tijuana pudiera ser aprovechada para construir el primer “Centro de Separación, Valorización, Aprovechamiento y Transferencia”.
Además de valorizar y aprovechar los residuos en beneficio del medio ambiente, esto ayudará a reducir hasta un 35% por ciento los residuos rumbo al relleno, se generaría un ahorro de cinco millones de pesos mensuales en el traslado y disposición final, y además obteniendo ingresos de hasta 2 millones de pesos mensuales, dijo.
El servicio de recolección es un servicio esencial ante dicha contingencia en la que vivimos, y en la vida diaria, esto nos habla de que es la oportunidad para que el Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Arturo González Cruz, de impulsar la economía a través de los residuos, y así dejar de contaminar produciendo materias primas para la agricultura, construcción y la industria.
“Este centro se encargaría de separar y aprovechar los residuos, enviando menos volumen rumbo al relleno, y así aumentando la vida del único relleno sanitario en Tijuana”, insistió.
Consideró que, además, el Ayuntamiento debe abrir otro sitio autorizado de separación, valorización y traslado, para así evitar que se monopolice dicho servicio, como se prohíbe en el Artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica.
