Baja California, 10 de abril de 2025. — La reciente clausura de tres establecimientos automotrices en Chiapas por irregularidades en el manejo de residuos peligrosos ha encendido las alertas en el sector empresarial a nivel nacional. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 365 acumuladores automotrices usados con ácido-plomo, lo que representa una infracción grave a la normativa ambiental vigente.
Este operativo, realizado el pasado 7 de abril, forma parte de un programa nacional de inspección y vigilancia que ha retomado fuerza durante los primeros seis meses del nuevo gobierno federal. En este contexto, el ingeniero bioquímico José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México A.C. (CIGAMX), advirtió sobre la urgencia de que empresas de todo el país —particularmente en regiones como Tijuana— actualicen su situación respecto al manejo de residuos peligrosos.
“La Profepa está recuperando sus capacidades de inspección y vigilancia en el país”, destacó Zavala Álvarez. “Especialmente hay algunos giros donde se ha rezagado y ha sido muy activa en estos primeros meses del gobierno actual: tala, aguas residuales, residuos peligrosos, vida silvestre… entre otros giros donde ha estado intensa la inspección.”
De acuerdo con Zavala, este tipo de acciones no deben interpretarse como persecuciones, sino como una función esencial del Estado para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental.
“Es sano, es conveniente que la Profepa cumpla con su función de hacer cumplir la ley”, recalcó. “El manejo inadecuado de residuos peligrosos, como los acumuladores con ácido-plomo, puede ser considerado un delito de alto impacto. Hay una Ley de Responsabilidad Ambiental que contempla incluso implicaciones penales.”
En Baja California, donde talleres de pintura, talleres mecánicos, yonques y otros servicios relacionados proliferan, el experto alertó que existe un rezago importante en la regulación de los llamados pequeños generadores de residuos peligrosos, como también ocurre en otros giros comerciales: consultorios médicos, estéticas, laboratorios y autolavados.
“Tenemos un gran segmento del comercio y servicios que genera residuos peligrosos y hoy por hoy no son suficientemente atendidos. Si se coordinan los tres órdenes de gobierno respetando sus competencias, podríamos evitar el deterioro del medio ambiente y, por supuesto, daños a la salud pública”, señaló.
Zavala también hizo un llamado al sector empresarial de Tijuana a no esperar una inspección para actuar, sino a asumir una postura proactiva que incluya capacitación, cumplimiento voluntario y obtención de distintivos ambientales.
“Nos gustaría desde el sector empresarial promover los instrumentos voluntarios como los distintivos o certificaciones ambientales. Y que éstos sean respetados y promovidos por los tres órdenes de gobierno para construir una cultura de consumo más responsable”, dijo.
En su opinión, cumplir con la legislación ambiental no sólo es una obligación legal y ética, sino también una estrategia de competitividad frente a los compromisos comerciales internacionales.
“Cumplir con la legislación ambiental en estos tiempos de turbulencias comerciales también es una fortaleza. De no hacerlo, estaríamos en un flanco débil y podríamos ser sancionados dentro de los acuerdos comerciales que hoy están vigentes.”
Finalmente, Zavala fue enfático al señalar que ningún negocio puede ser sustentable si su rentabilidad depende del deterioro ambiental.
“Las empresas lo que más queremos es tener certidumbre a largo plazo. Y ningún negocio es sustentable si su rentabilidad se basa en perjudicar la salud pública o el medio ambiente.”
Con el avance de la digitalización administrativa prometida por el gobierno federal, se espera una mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, para facilitar el cumplimiento ambiental, pero también para fiscalizar a quienes aún operan en la informalidad ecológica.
