El pasado 5 de febrero el Presidente López Obrador presentó una serie de iniciativas de reformas constitucionales, entre ellas se encontraba la eliminación de los Organismos Constitucionalmente Autónomos. Es necesario analizar el contexto bajo el cual se presenta esta iniciativa de reforma, pues solo así podemos entender cuál es su verdadero objetivo. En ese sentido, vale la pena recordar que la iniciativa para la eliminación de los Órganismos Constitucionales Autónomos se presenta al mismo tiempo que la iniciativa de reforma Constitucional al Poder Judicial Federal, esto cobra espacial relevancia si se considera que con ambas iniciativas de reformas se está trastocando el sistema institucional de pesos y contrapesos que actualmente tiene el Estado mexicano. Esta reforma ha generado controversia por las implicaciones que tendría sobre la independencia y el equilibrio de poderes en el país, subrayando su impacto en la gobernabilidad, la democracia y el Estado de derecho.
La Comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 23 de agosto aprobó en lo general el dictamen para eliminar siete organismos constitucionalmente autónomos, siendo los siguientes: El Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
A manera de antecedente vale la pena comentar que los organismos constitucionalmente autónomos surgen a raíz de la necesidad de limitar los excesos en que pueden incurrir los poderes tradicionales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- pues algunas de las funciones de estos organismos realizan están enfocadas en fiscalizar o transparentar el ejercicio público para que no se violente al estado de derecho, de forma tal que en atención a la teoría de la división de los poderes se puede considerar que son un complemento dentro de la estructura institucional de pesos y contrapesos, por ende, al desaparecer o integrarse a estructuras dependientes del Ejecutivo, se corre el riesgo de que estas funciones se vean comprometidas por intereses políticos, afectando la imparcialidad con la que operan.
La eliminación de estos organismos también supone un riesgo significativo de concentración de poder en el Ejecutivo, ya que han servido como contrapesos efectivos al ser independientes del Ejecutivo y contar con facultades específicas para regular y supervisar distintas áreas del gobierno. Sin estos órganos, el Ejecutivo tendría mayor control sobre procesos cruciales como la transparencia gubernamental, lo que podría llevar a un debilitamiento de la democracia y al autoritarismo.
Otro aspecto negativo importante es el impacto que esta reforma tendría en la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas. Estos organismos son percibidos por la ciudadanía como entes publicos que protegen sus derechos y garantizan un funcionamiento transparente y justo del gobierno. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en un sistema democrático. Órganos como el INAI han sido clave para garantizar que la información pública esté al alcance de todos los ciudadanos, permitiendo una mayor vigilancia y control sobre las acciones del gobierno. Sin un organismo independiente que garantice este acceso, podría haber un retroceso significativo en la transparencia gubernamental, dificultando la supervisión ciudadana y facilitando prácticas de corrupción, abuso de poder e impunidad.
La eliminación de los organismos constitucionalmente autónomos podría generar inseguridad jurídica, ya que muchas de sus funciones y facultades serían transferidas a otras dependencias del gobierno, sin la garantía de que se mantendrán los mismos estándares de independencia. Esto podría resultar en una aplicación inconsistente de la ley y en la incertidumbre respecto a la protección de derechos y el cumplimiento de obligaciones por parte del Estado. La inseguridad jurídica afecta no solo a los ciudadanos, sino también a las empresas e inversionistas, quienes podrían ver en esta medida un obstáculo para la estabilidad y predictibilidad necesarias para operar en el país. Finalmente, su eliminación podría tener repercusiones negativas a nivel internacional. México ha firmado diversos tratados y acuerdos internacionales que obligan al país a mantener ciertas estructuras institucionales y a garantizar la protección de derechos fundamentales. La desaparición de estos órganos podría ser interpretada como un incumplimiento de estos compromisos, afectando la imagen de México en el exterior y debilitando su posición en el ámbito internacional.
La dictaminación que realizó la Comisión de puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para la eliminación de los órganos constitucionales autónomos representa un punto de inflexión en la historia institucional del país. Si bien es cierto que estos órganos no son infalibles, su eliminación plantea riesgos significativos para la independencia institucional, la democracia y el Estado de derecho en México.
En el plano legal cabe mencionar que aún falta toda la ruta legislativa, ya que el dictamen deberá presentarse en el pleno de la Cámara de Diputados, en su caso, posteriormente pasaría al Senado, y de ser aprobada por el Congreso en su conjunto, deberá ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los Estados, por eso es crucial que el debate y análisis en torno a esta medida considere las implicaciones a largo plazo para la estabilidad y gobernabilidad del país, priorizando siempre fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Dr. Leonardo Abarca Jiménez
Presidente del Capítulo Baja California
De la Barra Mexicana de Abogados.
