Por Alfonso Andrés Cortez Lara
En México, el 70 % del agua disponible se encuentra concesionada por la Comisión Nacional del Agua a solo el 2 % de los usuarios. Esta desproporción se acentuó a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 aún vigente. No obstante, dicho marco normativo se encuentra en proceso de revisión en las instancias legislativas desde hace ya algunos años donde se discute la pertinencia de generar una nueva Ley General de Aguas que corrija las deficiencias institucionales que limitan el acceso justo, equitativo, oportuno, con calidad y cantidad suficiente y con costos asequibles al vital líquido, pero es evidente que el retraso en su promulgación induce la profundización de la crisis de agua.
En el caso de Baja California, la concentración de concesiones también se presenta. Por citar un ejemplo, respecto a las fuentes de agua subterránea, mismas que representan el 31 % del total disponible en el Estado, solo el 3.6 % de los usuarios tienen derechos sobre una cuarta parte del total de los volúmenes concesionados.
En este sentido, es importante destacar que son la agricultura con el 80 % y el uso público-urbano con el 14 %, los principales sectores consumidores del agua en el Estado.
Si el anterior contexto se conjuga con las condiciones biofísicas de la región del desierto de Baja California caracterizadas por las altas temperaturas, con alrededor de 100 días al año registrando temperaturas de 38 grados centígrados o más, evaporación anual del orden de los 2000 mm que contrastan con los menos de 100 mm de lluvia en promedio; la escasez de agua en la zona costa y la montaña donde se observan almacenamientos bajos en las presas El Carrizo (52 %), Las Auras (46%), Abelardo L. Rodríguez (19 %) y Emilio López Zamora (6 %); y la condición de sobreexplotación y constante abatimiento de los niveles e intrusión de agua marina en más de la mitad de los acuíferos subterráneos ubicados principalmente en la zona norte y costa del Estado, entonces la situación hídrica se muestra crítica.
A esto se suman los impactos del cambio climático en la cuenca hidrográfica binacional del río Colorado, la principal fuente de abastecimiento de la región fronteriza del Estado, y las consecuentes reducciones en las entregas a México, mismas que ya se establecen en las Actas 319 y 323 de la Comisión Internacional de
Límites y Agua y que para el año 2022 representarán una reducción de 99 millones de metros cúbicos, lo que equivale al consumo anual de la zona urbana de Mexicali.
Se tiene pues el reto de enfrentar la crisis de agua a través de una gestión inteligente y con participación social efectiva, máxime si se estima que la población rebasará los 4 millones de habitantes en los próximos 8 años. El sector riego agrícola merece particular atención, pero no para castigarlo sino para ofrecerle incentivos institucionales, económicos y regulatorios que faciliten el rescate de volúmenes en una proporción razonable del 2 al 3 %, lo que tan solo en el Valle de Mexicali podría generar entre 50 y 70 millones de metros cúbicos al año en el mediano plazo.
Por supuesto, un nuevo marco normativo es necesario para corregir las fallas de gestión del agua, pero dicho marco debe buscar promover el uso sustentable y el acceso equitativo y justo al recurso hídrico. Es importante subrayar que una de las soluciones inteligentes para mejorar dicha gestión del agua, es la de incorporar en los procesos de toma de decisiones, la investigación científica y tecnológica que muestre un alto compromiso social e incidencia directa en la solución de los problemas de los grupos más vulnerables, por nuestra parte, este es el tipo de investigación que promovemos y desarrollamos.
