De la municipalización del agua
Luego de utilizar a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos para cobrarle a los empresarios, de manera irregular, más de mil 700 millones de pesos, que se gastaron de una manera más turbia que las aguas que la Cespe vierte a Playa Hermosa, Jaime Bonilla Valdez, decidió aventar la papa caliente a los municipios.
El viernes 23 de julio se presentó la iniciativa al Congreso del Estado, el lunes 26 fue aprobada en la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, y el miércoles 28, a tres días de concluir la XXIII Legislatura, fue aprobada por el pleno la municipalización del agua.
Sin haber una sola argumentación a favor por parte de las y los diputados, sin haber un trabajo de análisis, estudios técnicos o cualquier cosa que sustentara el decreto, fue aprobada otra Ley Bonilla. La justificación del gobernador es que fue un compromiso de campaña y que la Constitución Mexicana dice que el agua debe ser administrada por los municipios.
Si bien es cierto que la Carta Magna estipula que el servicio de agua y drenaje corresponde a los ayuntamientos, la propia gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya declaró públicamente que este decreto en realidad no respeta lo que dice la Constitución Mexicana, así como fue integrado, y que además la forma en que fue aprobado violó el proceso legislativo.
Pero así fue todo el trabajo de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado. Aprobar y aprobar decretos a la mala, ya sea por intenciones políticas de las propias diputaciones, o por órdenes del gobernador. Para muestra están las otras dos municipalizaciones: la de San Quintín y la de San Felipe.
La creación de ambos municipios se hizo de la peor manera posible. La de San Felipe, por ejemplo, se aprobó en pleno proceso electoral, quitándole otras dos delegaciones a Ensenada, Puertecitos y San Luis Gonzaga, dejando a este municipio sin costa en el Golfo de California, ya que previamente había sido despojado de las demás delegaciones del Sur que ahora forman parte del municipio de San Quintín. Cabe mencionar que el séptimo municipio de Baja California tiene menos de 18 mil habitantes y no cuenta con viabilidad financiera para sustentarse.
Por desgracia las personas que representan al pueblo en el Congreso Local no están al servicio de los ciudadanos, sino del gobernador en turno, por lo que aprobaron con los ojos cerrados todo lo que Jaime Bonilla pidió. En el caso de la nueva legislatura, misma que acaba de tomar posesión, todo indica que estará al servicio de Marina del Pilar, quien de hecho estuvo presente en la primera sesión.
Regresando al punto, la municipalización del agua se da en un momento por demás inoportuno. Justo en el periodo de transición del gobierno del estado, justo cuando los municipios están endeudados hasta el cuello, y justo cuando la Cespe está en crisis financiera.
El Gobierno Municipal de Ensenada carga con una deuda de miles de millones de pesos, y ahora deberá solventar los gastos de la Cespe, que para empezar necesita 25 millones de pesos para hacer adecuaciones en la planta de tratamiento El Naranjo, mismos que no tienen, y que al parecer no tendrá.
Del aspecto jurídico ya ni hablamos. Se avecina un caos y quienes vamos a pagar los platos rotos somos las y los ciudadanos. Por cierto que ya también dijo la gobernadora electa que terminará el contrato con Fisamex, empresa que cobró cientos de millones de pesos en comisiones (el 20 por ciento de los más de mil 700 millones de pesos “recuperados”), ya que considera que pone en riesgo las finanzas públicas del estado.
*Comunicólogo y periodista.
