Tijuana.- Con los reiterados ataques a los alcaldes de los municipios de Tecate y Tijuana, queda constancia de que Jaime Bonilla como gobernador de Baja California está destruyendo el proyecto de MORENA, lo cual no abona a la unidad interna del partido, según refirió el presidente municipal Arturo González Cruz.
Lo anterior en respuesta a la denuncia que se interpuso en su contra por parte de la Secretaria de Honestidad, Vicenta Espinosa, quien además reveló su intención de ser alcaldesa de Tijuana, acción que calificó de lamentable el primer edil.
En su declaración ante la prensa, González Cruz señaló que es lamentable también que se usen a las instituciones del Estado para atacar a toda persona que piensa distinto a la forma de gobernar de Bonilla, lo cual tiene fines políticos.
“Yo gobernador no te tengo miedo, aquí estoy, te hablo de frente y no me ando escondiendo en oficinitas”, dijo el primer edil al afirmar que no le preocupa ser el primer preso político en Baja California.
“Se volvieron a acordar de mí, que grave lo que está pasando como están denigrando la figura del gobernador, van y presentan una denuncia por un contrato de arrendamiento que tiene diez años y lo peor todavía aún, es que ellos lo celebraron también”, declaró.
Mencionó que esto surge después de que él habló con transparencia y evidenció cómo el Gobierno del Estado ha desviado 600 millones de pesos que corresponden a Tijuana en relación a participaciones federales.
Agregó que también resulta falso el que Tijuana le deba a CESPT 600 millones de pesos para el uso de los hidrantes, y si fuera ese el caso resulta criminal que se haya cerrado el servicio afectando a las familias que perdieron su patrimonio en la condición Santa Ana.
Los señalamientos constantes en su contra, dijo González Cruz, son para encontrar la forma de imposibilitar su reelección en el proceso electoral 2021 y por eso insistió en que no se dejará.
Ante la Fiscalía General del Estado, dijo, se podrán poner sobre la mesa otros arrendamientos en los que está relacionado el Gobierno del Estado, como es el caso del edifico propiedad del Fiscal Guillermo Ruiz, y que se le renta a la fiscalía.
