CARTA ABIERTA: NOS MINTIERON CON EL BONO.
Recibí, hace algunas horas, respuesta a la demanda de un grupo de profesores del Colegio de Bachilleres que exigen el pago del estímulo conocido como K1. Incentivo que los maestros evaluados obtuvieron, al menos en papel, a través del examen de permanencia en 2015, 2016 y 2017, bajo la derogada ley del servicio profesional docente.
Leí la respuesta enviada por la institución y firmada por el director general. Me sentí preocupado, decepcionado, desencantado, molesto y aletargado frente a tanta insensibilidad, frialdad y desdén.
Tal y como lo he comentado en otras colaboraciones anteriores a ésta, los profesores fueron obligados por la ley vigente en materia educativa a comprobar los saberes, dominios y competencias de su trabajo frente al aula.
Fueron días de mucho estrés, cansancio, esfuerzo y entrega.
La misma ley que obligaba a los maestros a ser evaluados también obligaba a las instituciones involucradas a otorgar determinados incentivos, estímulos o beneficios. Al menos en COBACHBC, más del 99% se sometió a la evaluación y ratificó su permanencia con buenos resultados. Voz en pecho, los directivos se ufanaban del desempeño de los docentes, lo presumían, hacían alarde del mismo, fanfarroneaban.
En 2018, el director general en su momento, el maestro Santillán, aseguró —frente a una gran mayoría de docentes con resultado DESTACADO— que ya se contaba con el recurso y que sólo faltaba determinar el mecanismo para su entrega en días próximos.
Transcurrió 2019. Esperamos. Casi concluye 2020 y un grupo de profesores solicitó una aclaración sobre el tema de incentivos del K1. La respuesta fulminante se puede resumir en tres palabras. No hay recursos.
Cito: “Cabe reiterar que después de 2016 no se volvió a autorizar presupuesto por parte de la federación para este propósito (para el pago de incentivos), por más que a finales de 2018 las gestiones ante la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) parecían haber dado el resultado esperado, sin embargo, el recurso no fue radicado.”
Algo no logro comprender: si no se volvió a autorizar presupuesto para el pago de este propósito ¿por qué se volvió a obligar a los docentes a someterse una vez más para ser evaluados? Se registraron evaluaciones en 2016, 2017. Unas voluntarias; otras, obligadas.
¿Acaso la ley se puede ejecutar de forma unilateral? ¿Obligaciones sin derechos? ¿Qué una parte sí cumpla la ley y la contraparte, no?
No hubo para todos, me contestó la institución —Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California— a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, el 5 de septiembre de 2019.
Lo que más me preocupa es que la autoridad en ciernes manifieste, —líneas más, líneas menos—, que los derechos obtenidos para algunas de las promociones en el marco de estos procesos evaluativos, tienen fecha de prescripción. Exhortaría a la autoridad a que revise la ley vigente en la materia, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en su transitorio décimo segundo.
No hay nada más que agregar.
Bajo esta misma perspectiva de la negativa del Estado de cumplir un deber se encuentran las autoridades de salud en Baja California frente a la protesta de los trabajadores del Hospital General de Tijuana a quienes el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en una “mañanera” prometió un bono, —BONO COVID— para todos los trabajadores de la salud, desde médicos, enfermeros, trabajadores administrativos, de apoyo e intendencia.
Ahora, los trabajadores del Hospital General de Tijuana, aglutinados en la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, no han recibido el bono, tampoco tienen esperanzas de recibirlo, en virtud de que las autoridades estatales han mostrado negativas frente a la protesta y justa demanda de los afectados y quienes han dado batalla frente a los estragos causados por la pandemia del COVID-19.
Molesta esta insensibilidad gubernamental.
Hastía la eterna cantaleta del “No hay”. “No tengo”. “No puedo”.
Fastidia cuando sólo tienen negativas ante una obligación administrativa y de derechos humanos, a todos por igual. No se les puede otorgar a unos y a otros no, bajo las mismas circunstancias, al mismo tiempo y en el mismo sentido.
Enfada la pasividad y anomia del gobernante en turno, del funcionario en cuestión de no agotar todas las instancias para que el suelo sea parejo para todos, no por voluntad ni por humanismo, ni generosidad o filantropía, sino porque persiste una obligación administrativa. Sólo por eso.
Espero que los trabajadores de la salud de los hospitales públicos y que no han recibido el BONO COVID-19 sigan cumpliendo con sus labores y dando la batalla frente a esta crisis sanitaria que se ha prolongado y que ya casi llega a los 75 mil muertos y que sin el esfuerzo y denuedo de médicos, enfermeras, intendencia, personal de apoyo y administrativos está cifra sería mayor.
Que no se vayan al paro de labores: aunque no les premien, su valor, su entrega, su esfuerzo, su dedicación, su cansancio o los estragos en su propia salud e integridad física y mental.
Espero que los trabajadores de la salud tengan las agallas suficientes para remover a sus líderes sindicales que no defienden los intereses de sus agremiados, ni pelean hasta la última gota de sudor o de sangre para el beneficio de sus sindicalizados.
Alguien no está cumpliendo con su trabajo, pero amuebla su oficina con costo oneroso para el erario.
Alguien espera resultados adversos en las elecciones venideras y quiere seguir gobernando.
Alguien sabotea las intenciones del Presidente de la República y dice ser su amigo.
Alguien, por omisión o por acción, sólo beneficia a unos cuantos y violenta los Derechos humanos.
Alguien no cumple con la obligación que indica la ley y no se le sanciona.
He dicho, pero no guardaré silencio.
