Tijuana.- Familiares de personas desaparecidas no sólo se enfrentan al dolor de una pérdida, sino también enfrentan una serie de amenazas por parte de desconocidos y el incumplimiento a las promesas que él mismo gobierno les hace en cada reunión que formalizan para dar mayor atención al tema.
Por ello, el día de hoy decenas de integrantes de diversos colectivos de búsqueda se hicieron presentes en el Centro de Gobierno del Estado de Baja California al que ingresaron de forma pacífica pidiendo justicia para sus seres desaparecidos.
“Queremos a Bonilla, queremos a Bonilla”, era una de las peticiones que hacían a gritos mientras recorrían los pasillos del inmueble de gobierno ubicado en la Zona Urbana del Río Tijuana.
Sin embargo el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla no pudo recibirlos ya que se encuentra en una gira de trabajo en la Ciudad de México.
En su lugar, se presentó Fernando Serrano, delegado de la Secretaría de Gobierno del Estado, quien los invitó a sostener una reunión privada en sus oficinas dando acceso sólo a diez integrantes del movimiento.
Previo a que se diera esta reunión, algunos miembros de los colectivos denunciaron una serie de amenazas que se les han hecho vía telefónica por postre de anónimos.
Entre las amenazas se incluye la detención de la señora Bárbara Martinez, quien semanas atrás ingresó a un predio de la colonia Campos para encabezar las excavaciones en donde presuntamente hay más de 7 cuerpos enterrados, incluidos el de su hijo.
Lo anterior se ha hecho en base a los señalamientos hechos por el presunto homicida, quien no ha sido detenido hasta el día de hoy por las autoridades investigadoras.
Por lo anterior, los buscadores presumen que podría tratarse de una amenaza directa de la Fiscalía General del Estado y por ello piden la intervención del Gobierno del Estado a que investigue la situación.
Aunado a ello, hay un incumplimiento por parte de las autoridades desde la mesa de trabajo que se instaló el mes de febrero de este año, en el que se acordaron diez puntos para dar solución a problemas que retrasaban la identificación de cuerpos localizados.
Al respecto, José Fernando Ortigoza, presidente del Movimiento Estatal por los Desaparecidos, dijo que han tenido apertura por parte Gobernador Bonilla, pero el problema ha sido la FGE.
Dentro de los puntos no cumplidos de febrero a la fecha es la elaboración de un documento donde se explique el proceso de trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas, así como una gráfica o cifras de personas aún desaparecidas siendo que se pagó rescate por ellas.
Ortigoza mencionó que tampoco se les ha dado un avance de los resultados de las pruebas de ADN entregadas a laboratorios desde el año 2006, y que son tomadas de cuerpos ya encontrados en fosas clandestinas.
Según se informó de forma extraoficial, después de la reunión de este jueves en Centro de Gobierno, se acordó que autoridades con maquinaria pesada derribarán entre hoy y mañana la vivienda de la colonia Campos, en la que la FGE tuvo que realizar excavaciones desde noviembre de 2019, pero no fue así.
