La explosión en Beirut ha provocado la conmoción mundial. Al principio, cuando revisaba el material que llegó a mis manos gracias a un asiduo lector, pensé que se trataba de un atentado terrorista o que el Estado Judío había golpeado fuertemente a Líbano.
Y aunque las autoridades han descartado de antemano un atentado y aseguran que se trató de una primera explosión que alcanzó a un barco anclado en el puerto que transportaba miles de toneladas de material explosivo e informan de un número de víctimas y de heridos, —73 muertos y 3,700 heridos— el resultado de la catástrofe puede ser mayor al que reportan las autoridades debido al radio alcanzado por la onda expansiva, las explosiones potentes y los daños presentados en las estructuras de los edificios y residencias aledañas al sitio del siniestro.
En su declaración, el mandatario norteamericano, Donald Trump, aseguró que “las explosiones en Beirut podrían tratarse de un terrible ataque”, postura que marcó una oposición a lo declarado por las autoridades de Líbano.
La noticia de la explosión en un muelle de Beirut ha sido tendencia en las redes sociales en las últimas horas y todo parece indicar que nunca se sabrá con precisión el número de víctimas fatales a raíz del estallido y su resultado catastrófico, con los hospitales de la zona colapsados por la atención que brindan a un número elevado de heridos alcanzados por la onda expansiva en un radio mayor a un kilómetro.
LA JUSTICIA VIAJA EN LA COMBI
Otro asunto no menor y que también ha sido tendencia en las redes sociales es la golpiza que recibe un presunto delincuente que aborda una combi que cubre (pesero – transporte público) la ruta México – Texcoco. El delincuente de marras despoja de su dispositivo móvil a un usuario del transporte y se le dificulta huir después de haber cometido el delito ya que el vehículo se puso en marcha, —esta situación que impidió a que su cómplice abordara la unidad, probablemente el desenlace hubiera sido diferente—. Es necesario precisar, asimismo, que el aprendiz de delincuente no portaba arma de fuego o un arma punzo-cortante.
La cuestión es que los que viajaban en la combi de la justicia no dejaron escapar el momento ni al delincuente sometiéndole en cuestión de segundos para propinarle una golpiza potente que dejó casi desfallecido y, desnudo, al presunto asaltante. No se cuenta con el informe policial abreviado sobre la suerte posterior del presunto después de haber sido arrojado al arroyo vehicular.
El problema en debate es si es este tipo de acciones y de ejecuciones son necesarias ante las ineficaces e ineficientes acciones policiales, legales y de inteligencia para disminuir o paliar el tema de la seguridad pública. Ya que el transporte público, en un gran porcentaje del país, es uno de los sitios en donde las personas se sienten más inseguras. Y las cifras que los expertos en la materia proporcionan es que el índice de acciones, como robos o asaltos que han sido perseguidas y castigadas por las autoridades, apenas si rebasa el 6%, quedando un alto porcentaje en la impunidad.
Quizá el linchamiento no sea el camino. Mucho menos la aplicación de la justicia por propia mano. Lo que sí es urgente y esto es un llamado a los aparatos de justicia, a los mandos policiacos, a las autoridades judiciales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, a los jueces, a las autoridades civiles, a los legisladores y todas las personas de buena voluntad para sumar esfuerzos, para que el nivel de impunidad, que permite que en nuestro país pase todo y no se castigue, no sea un aliciente para quienes han dañado a la sociedad y las buenas personas que han tenido la desgracia de cruzarse en el Iter Criminis.
La pregunta obligada también es ¿cuál es el precio que debe pagar el inocente ante las acciones ineficaces y autoridades ineficientes que permiten y son cómplices en estas acciones delincuenciales?
Ante la pasividad y permisividad del Estado puede estallar la inconformidad de los gobernados.
EN LÍNEA Y DESCONECTADOS.
Malabares están haciendo las autoridades educativas en virtud de la prolongación del semáforo rojo en la entidad y en gran parte del país en donde el COVID-19 ha sentado sus reales y, que al parecer, va a quedarse y por mucho tiempo.
Sin una política educativa, clara y definida, las autoridades del sistema educativo en el país está dando palo de ciego. Jamás en su existencia, el Tigre, tal como apodaban a Azcárraga Milmo, dueño del corporativo Televisa y sus filiales, imaginó que su consorcio sería el vehículo rentado por la 4T para ser empleado en la tarea educativa.
Rezaba el Tigre, si quieres educarte cómprate un libro. Y tenía razón. Y por muchos años yo también he sostenido, si quieres salir adelante apaga la TV. Hoy, según las expectativas gubernamentales, para educarse habrá que encender la televisión.
Reticencia frente a esta medida se ha mostrado por parte de los padres de familia, maestros y alumnos por los alcances sustanciales que tendrán las emisiones televisivas en su ardua tarea de educar a los niños y adolescentes de México. Pero de entre todos los males, el peor, reza la máxima ética en los últimos tiempos.
Quiero preguntar cuán oneroso será el costo que se tendrá que pagar por usar el tiempo de transmisión televisiva de los consorcios que han sido bendecidos y seleccionados para cumplir con un deber del Estado.
Lo cierto es que ni la SEP ni los que detentan un lugar detrás del escritorio alcanzaron a planear y cumplir con la tarea de brindar herramientas y estrategias para cumplir con la labor educativa. Serán los profesores los que, como siempre, harán de tripas corazón para cumplir con un deber sagrado, en la tarea insustituible de la labor docente.
UN SOBORNO PARA EL REY
Tendencia fue también la frase histórica del Rey Juan Carlos I, de España, cuando participó en la Cumbre Iberoamericana, —Santiago de Chile, 2007— acompañando al presidente de España, Juan Luis Rodríguez Zapatero, intentando callar al extinto Hugo Chávez, con su intervención “¿Por qué no te callas?”.
Hoy, ese mismo rey que detentaba las prebendas que le confería el cargo a cuenta del erario español ha tenido que huir —exiliarse en los términos políticos de las grandes esferas— sin que se conozca el lugar en donde el rey emérito de España llevará su exilio.
Lo cierto es que al Juan Carlos I, de 82 años es acusado por la justicia española y la de Suiza, por presuntos actos de corrupción, situación que lo obligó a abdicar a favor de su hijo, el actual Rey Felipe IV.
Lo cierto, es que la justicia, aunque ciega, siempre llega, si la dejan llegar…
