Confieso que uno de mis grupos favoritos es Mocedades con sus canciones que me permiten aún buscar la inspiración con la excelente letra de “La otra España”; admiro al poeta Antonio Machado y sus versos de Caminante no hay camino; disfruto del pensamiento de los filósofos Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, Juan Luis Vives, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, Julián Marías y Fernando Savater; todos ellos, grandes y que fueron capaces de marcar el derrotero de la historia de la otra España, la que inspira, la que canta, pero no la que llora.
Manifiesto también que recién pude disfrutar el documental español dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar (2018): la exigencia de la justicia por las atrocidades cometidas durante el régimen franquista y los más de 100 mil desaparecidos, los bebés robados y los delitos de lesa humanidad.
La mayoría de los protagonistas en el documental exigen, no tanto el esclarecimiento del cómo se perpetraron los hechos, —muchos de los demandantes fueron testigos oculares de las ejecuciones de sus familiares, padres, madres, hijos, tíos, en ejecuciones sumarias y los cadáveres fueron inhumados en la fosa común— sino el poder dar cristiana sepultura a los martirizados durante la dictadura, y —en una lucha que se vuelve común por ser víctimas del mismo sistema— las madres que buscan conocer el destino de sus vástagos robados.
Como material fílmico es excelente y el manejo de los datos y hechos resulta atractivo para el interesado en la historia que sumió a la belicosa España en una dictadura de más de 40 años bajo la suela del caudillo.
Lo inaudito y lo que me llama poderosamente la atención —independientemente de los estragos y el control social que existía para que Francisco Franco pudiera perpetuarse en el poder— es la resistencia de la sociedad española para resarcir los daños a las víctimas y, sobre todo, el ofrecer una respuesta a sus justas demandas en el esclarecimiento de los hechos y en la exhumación e inhumación legal de los cadáveres.
Tal demanda por la justicia no se puede apreciar recién instaurada la democracia española y la subsecuente acción del parlamento para la aplicación de la ley de amnistía denominada de forma común, la ley del olvido, en aras de la reconciliación y de la construcción de la sociedad imperante.
La pregunta obligada en estos renglones es ¿dónde quedan las simientes del derecho internacional impulsado por los españoles Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, o el derecho de gentes de la antigua Roma o más atrás, del derecho natural? ¿Dónde quedan los derechos humanos en la civilizada y desarrollada España?
Retomo lo anterior porque durante la dictadura del generalísimo Francisco Franco imperó la tortura: cimbró profundamente mi sosiego el relato de una de las víctimas de la policía encabezada por “Billy, El Niño”, en el que comenta: “me sentí como un guiñapo al que balanceaban de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, creo que lo único que me mantenía en pie eran los impactos que recibía de ellos, como si compitieran en la forma de golpearme para evitar que cayera, era tal el temblor, el dolor y el pánico que tenía que no fui consciente que mis pies tocaran el suelo en ningún momento”, de entre otros relatos realmente impactantes.
La instauración oficial de la tortura en los regímenes totalitarios ha sido siempre una práctica común lo mismo que la impunidad, el poder absoluto, el control de las masas, ausencia de la democracia, el control de los cuerpos armados y el golpe de Estado. La brutalidad policíaca y la tortura en sus diversas modalidades, la desaparición forzada y los juicios sumarios constituirán siempre una amenaza contundente a los derechos humanos, en cualquier parte del mundo.
“Mientras los crímenes de la dictadura franquista continúen impunes se estará transmitiendo un mensaje enormemente peligroso: que los regímenes totalitarios pueden campar a sus anchas, matar, cometer crímenes con impunidad e irse de cositas”, se puede leer en una de las salas en la que se brindaron los testimonios de las víctimas de tortura.
Independientemente de las críticas negativas que le han llovido al documental, sobre todo por la expresión que emplea la directora Almudena Carracedo de que se trata más de un film sentimental y no de datos, “El silencio de otros” realmente cuestiona, crítica y exige, en una amalgama de hechos que coinciden en sus numerosas vertientes y en su origen: la terrible dictadura de Francisco Franco.
Lo cierto es que ha sacudido —al menos en mí— la curiosidad de quienes se han acercado al material fílmico para despertar del letargo histórico e ir, en obligado retroceso, por los recovecos sucintos de la historia contemporánea en una revisión objetiva de los hechos que marcaron la tragedia para muchas familias de la “Otra España”, la España de los “Rojos”.
Durante la dictadura del Generalísimo Francisco Franco de España se cometieron delitos de lesa humanidad y estos no pueden quedar impunes según los lineamientos del derecho internacional porque este tipo de delitos no prescriben y por lo tanto la legislación española deberá abolir la ley de amnistía —que concede a muchos funcionarios del régimen franquista la posibilidad de perpetuarse en el servicio público— y permitir que los torturadores sean sentados en el banquillo de los acusados y entregados a la justicia argentina que los reclama para ser juzgados.
Lo que más me cuestiona de la España de hoy es su amnesia histórica, incapaces de recobrar la memoria y su disposición para dejar paso al olvido en sus indicios —quizá justificado— de arrinconar los sucesos del franquismo en aras de la construcción de una sociedad renovada, pero aun así, la ley de amnistía debe ser abolida y se deben aplicar acciones concretas como ya lo han llevado a cabo algunos ayuntamientos —como el de Madrid—, para borrar cualquier sello apologético del franquismo.
Sin embargo, lo trágico de la dictadura de Francisco Franco no paró con su muerte ni con la ley de amnistía sino en la negativa de la justicia española por brindar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia a quienes reclaman por sus familiares torturados y desaparecidos.
Tanta es la negativa del sistema penal de España que los demandantes tuvieron que interponer una demanda, denominada la querella Argentina, en Buenos Aires, en donde se le ha dado trámite y se ha exhortado a la justicia española favorecer la extradición de los acusados por el delito de tortura, desaparición forzada y ejecución sumaria, entre otros delitos de lesa humanidad, mismos que por su naturaleza no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier parte del planeta.
Lo más lamentable es que el pueblo español, el belicoso, el inspirador, el conquistador, la madre patria, sea reducida sólo al silencio de otros.
En otro asunto, y para finalizar esta entrega: me parece fundamental la difusión de este material en virtud de todos los sesgos que pueden coincidir en la aplicación de los mismos principios del derecho de gentes, del derecho internacional y de la normatividad vigente en los derechos humanos que son inalienables.
Así, como las atrocidades cometidas en la dictadura franquista, nos debe exigir la acción para detener cualquier complicidad o el silencio frente a delitos de lesa humanidad, y pugnar para que el Estado avale el acceso a la justicia, empezando por los miles de desaparecidos que se registran y se siguen acumulando en nuestro país.
¿Quién responderá por ellos?
¿Quién clamará justicia?
¿Quién se atreverá a levantar la voz para demandar en cualquier instancia jurídica para reclamar la reparación del daño?
Porque no podemos ni debemos ser, el silencio de otros…
