Los ánimos en el rostro del gobernador de Baja California y sus subordinados se muestran alicaídos, absortos, anonadados, patidifusos y perplejos. Y no es para menos. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha dado al traste a los planes de gobierno y personales de más de uno.
De los cinco años pensados para gobernar, el periodo se ha reducido a dos, lo que resta de aquí a octubre de 2021. Y luego, elecciones estatales para renovar gobernador, diputados locales, regidores y munícipes. De ahí la preocupación del honorable congreso local de Baja California en aprobar una ley que les permita competir nuevamente por un puesto edilicio o legislativo sin haber renunciado al cargo. Nada más infame.
Ni siquiera el blanquiazul en sus 30 años de permanencia en el poder se atrevió a tanto. Quiso pero no pudo dejarle la mesa servida con una extensión de gobierno al actual titular del poder ejecutivo por un período de 5 años, periodo que la tremenda corte ha echado abajo con argumentos que no empatan en nada a la voluntad popular de los bajacalifornianos, que dicho sea de paso ni les beneficia ni les perjudica.
Quizá los más preocupados por la decisión de unos cuantos, —los de la SCJN, que lejos de demostrar vergüenza por el oprobio que le causan al pueblo por sus emolumentos salariales que rayan en la infamia en un país de millones de pobres—, —se colocan ahora como los salvadores de la península—, son los que alcanzaron una nominación o un puesto público en alguna dependencia de gobierno.
Lo que queda de aquí a octubre de 2021 será un tiempo de mucha agitación política en virtud de que los tiempos electorales se antojan inaplazables, ya por su naturaleza en la competencia por alcanzar el beneplácito del electorado, ya por la campaña sucia que empezará a brotar de los contrarios al partido en el poder.
Lejos de estar de acuerdo con el pronunciamiento de unos cuantos togados, los de la SCJN, quienes han demostrado su capacidad para violentar la voluntad del pueblo vertido en las urnas, y lo que demuestra una vez más que la decisión del electorado no tiene ningún peso en las elecciones en un Estado que se autodenomina democrático y la SCJN atropella de suyo la soberanía y autonomía de Baja California en el pacto del nuevo federalismo.
Y si el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar se posicionó en torno al “gran fraude a la Carta Magna Federal”, el mismo pronunciamiento de producirse frente a las grandes lesiones que han lastimado al pueblo, en general, en los casos emblemáticos que ennegrecen la justicia como el color de sus togas, sus personeros y su sistema que está al servicio de los que más tienen. Ni siquiera aquí se puede justificar la máxima de Nietzsche: “las leyes son para los débiles”, los ricos están más allá del bien y del mal.
En el caso de Bonilla en contra de la SCJN triunfó, no las leyes, ni los votos, ni el estado de derecho, sino el deseo de quien se ostenta como el rector y de quien tiene el poder pero no la justicia. Estoy a favor de la autonomía y de la soberanía de cada estado que conforman la federación.
Y el mensaje puede ser, al mismo tiempo, un golpe para quienes quieren revisar el pacto fiscal, en los estados gobernados por Acción Nacional o el Revolucionario Institucional en un intento de rebelión en contra del actual mandatario que no les ha dejado maniobrar los recursos federales ante el justificado temor y sospecha de que puedan desviarlos.
Por lo pronto, el cateo a la casa del gobernador Kiko, Francisco Vega de la Madrid, ha sido un sensor, un termómetro y un termostato para conocer el comportamiento de los actores políticos en las cuestiones de la “res pública”. Y la respuesta a esa “provocación” mediática ha sido de un silencio sepulcral de quienes ostentaron el poder y los destinos de los bajacalifornianos por 30 años. Nadie ha salido a la defensa del gobernador a quien se le acusa desde las instancias gubernamentales por un presunto desvío por más de mil millones de pesos. El ex – gobernador también merece abundancia.
Para concluir esta entrega les comento que hace un par de días fui a parar en las manos de Galeno por una situación de salud que aún no logro superar del todo y que conforme pasan los días se hace cada vez más insoportable. Lo cierto es que la consulta médica para el pueblo subió casi en un 100%, el doble en su costo.
No es que duela pagar o que el médico en cuestión no pueda cobrar lo que se le dé la gana, lo cierto es que ante la creciente demanda, según las leyes del mercado, también subieron sus costos por consulta realizada. Ante la pregunta obligada realizada a la dependiente del por qué “tan caro”, me contestó que fue a raíz de la pandemia.
Difiero en contra de las críticas que le hacen al presidente de la República en torno al comentario de los profesionales de la salud y sus altos costos por la atención. El médico o trabajador sanitario cobra lo que el Estado le paga, si es en el servicio público; no es él o ella quien define su salario, sino un tabulador; en cambio, en el sector privado gana lo que quiere ganar o cobra lo que acepta que le paguen. Estoy seguro que se lo merecen.
Respecto a que las fuerzas armadas tengan tareas en materia de seguridad lo único que hacía falta era el decreto presidencial porque “de facto” al ejército siempre ha estado en la calle y al servicio del mandatario en turno, quién es su comandante supremo, pero al ejército le falta un marco regulatorio que le brinde certeza en sus acciones que sexenio tras sexenio no se ven delimitadas, ni en sus alcances ni atribuciones.
Concluyo. En mi última visita al aeropuerto de Tijuana pude observar que antes de ingresar a la sala, los usuarios tienen que llenar un formulario de salud, preguntas básicas sobre su salud y sus contactos con personas enfermas de COVID-19, datos de la aerolínea, número de vuelo, asiento, entre otros datos. Luego pasan frente a una cámara térmica para detectar posible temperatura superior a los 38°C, fiebre, u otros síntomas asociados a la pandemia.
Por cierto, el aeropuerto de Tijuana lucía completamente solo.
