PERO SUS GOBIERNOS COLAPSARON EL SISTEMA DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA
EJEMPLO: “KIKO” VEGA DEJÓ ISSSTECALI PRÁCTICAMENTE QUEBRADO Y HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA SIN INSUMOS
Si hay alguien que quiera entender el significado de la ingratitud, bastaría con observar la inmovilidad que han exhibido ante la emergencia sanitaria los partidos políticos de Baja California.
Los partidos políticos, que juran querer y amar a Baja California, no han movido un dedo para combatir esta emergencia sanitaria.
Eso sí, por ejemplo, el PAN que estuvo 30 años en el poder en Baja California, se la pasa criticando las acciones del gobierno federal, estatal y municipal frente a la pandemia.
Pero no propone un plan de apoyo para las familias que requieren en estos momentos se les auxilie porque dejar de trabajar para ellas, es quedarse sin sustento, sobretodo sin alimentos.
También pueden apoyar a los héroes sin capa y sin poderes fantásticos, los trabajadores del sector salud bajacalifornianos que están en la primer línea de guerra frente al coronavirus.
El dirigente estatal panista, Enrique Méndez sólo critica, pero no propone.
En sus 30 años en el poder estatal, sus políticas económicas y sociales provocaron que el 70 por ciento de los bajacalifornianos vivan con alguna carencia social y sean vulnerables.
Basta recordar la medición que hizo el CONEVAL (Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en el 2018 en Baja California, cuando todavía gobernaba el PAN con Francisco Vega de Lamadrid, reveló
que había más de dos millones de personas en alguna situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerable por carencias sociales y vulnerable por ingresos.
El informe de CONEVAL detalló que en situación de pobreza en Baja California había en ese momento 848.4 mil personas, (23.3%) de la población bajacaliforniana y en pobreza extrema 59.3 mil ciudadanos, (1.6%) de la población del Estado.
Al menos un millón 450 mil personas, (39.8%) de la población vulnerable por carencias sociales.
También estableció que 246.4 mil personas, (6.8 %) de la población vulnerable por ingresos.
Solo un millón 102.5 mil personas (30.2%) de la población no son pobres y tampoco se encuentran en una situación vulnerable.
Esto significa que el 69.8 por ciento de bajacalifornianos viven en alguna condición vulnerable por carencias sociales y situación de pobreza y extrema pobreza.
¿Dónde están los exgobernadores panistas? ¿Dónde están los exalcaldes de los municipios de Baja California?
¿Francisco Vega de Lamadrid encerrado en su mansión en Cumbres de Juárez? o, ¿en otra parte del mundo? No hay que olvidar que su gobierno dejó en la bancarrota al Issstecali, y en paro respiratorio al Hospital General de Tijuana, es decir, heredó al gobierno morenista un sector salud a punto de colapsar.
Debemos recordar las protestas de médicos del Hospital General de Tijuana en el 2017 y 2018 por las faltas de insumos —material de curación y medicinas— para atender a los pacientes.
Las protestas de personal del Issstecali y de los burócratas de Baja California por falta de medicamentos en 2017 y 2018.
En noviembre del 2019, burócratas presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por administración fraudulenta y abuso de confianza en contra de Francisco Vega de Lamadrid, un grupo de sus exfuncionarios y el secretario general del Sindicato de Burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez.
Aseguraron que en 2018, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), Javier Meza López, otorgó al gobierno del Estado un financiamiento temporal por 600 millones de pesos de los fondos de la paraestatal.
Es la herencia de Francisco Vega de Lamadrid en el sector salud de Baja California que en estos momentos enfrenta la pandemia más letal en los últimos cien años de nuestro planeta.
𝗝𝗔𝗤𝗨𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗘
𝗔𝗥𝗠𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗜𝗜, 𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗦𝗘𝗡𝗔𝗗𝗔
El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, llamado ahora Rey de Ensenada, Armando II, que impide que tijuanenses entren a Tijuana para que no propaguen el coronavirus.
Instaló un retén a la altura de instalaciones de Pemex para impedir esa entrada de tijuanenses y rosaritenses.
Esa medida de su majestad Armando II, ha generado enojo en tijuanenses, incluso en ciudadanos de Ensenada, ¿quién es él para decir quien transita o no por territorio mexicano?
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), envió una solicitud al Ayuntamiento de Ensenada, para conocer la fundamentación legal que motivó la restricción de movilidad para el municipio.
La Constitución Mexicana en el artículo 29 establece que solo el presidente de la república puede determinar estos criterios.
Como dicen en mi pueblo, el oportunismo pues, y así quiere ser gobernador de Baja California.
El artículo 11 de nuestra Constitución reconoce desde 1917 el derecho de toda persona a transitar y residir de manera libre en el territorio mexicano al señalar que:
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
El pasado 11 de abril en un comunicado, la Secretaría de Gobernación exhortó a los gobernadores a que, dentro del marco de su competencia, brinden las facilidades necesarias para que se continúe con el desarrollo de las actividades esenciales competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de garantizar el libre tránsito en medio de la contingencia por coronavirus (Orthocoronavirinae) que padece el país y que ha llevado a decretar medidas de distanciamiento social emitidas por el Consejo de Salubridad General.
