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El gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, en reunión con luchadores sociales

by Alberto Gómez C.

Tijuana.- Además de hacer propias del próximo gobierno de Baja California las demandas genuinas de grupos y activistas sociales, el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, aseguró a luchadores sociales de Ensenada el total respeto a su libertad de manifestación, pero sin afectar la seguridad y tranquilidad de los demás ciudadanos, tanto residentes como visitantes nacionales o extranjeros.

En diálogo abierto, el próximo mandatario les ofreció, además -en muestra de que será un gobernante que escucha y respeta a todas las corrientes de opinión-, el franco apoyo para buscar unidos las soluciones a las necesidades de familias en condiciones de marginación, integrando las propuestas que sobre vivienda popular y servicios han venido desarrollando desde hace años en esa región.

“No será fácil, porque estamos hablando de que Baja California ha estado en el abandono gubernamental durante 30 años, pero mi obligación como gobernador es sumar, escuchar y atender sus demandas”, dijo a Ramiro Orea Hernández y Moisés Izquierdo, luchadores sociales; Francisco Ruvalcaba, del portal “Sin Censura”; así como la joven Isabel de la Cruz y el regidor electo independiente Miguel Orea Hernández.

En el inicio de la conversación, que duró una hora y fue videotransmitida en vivo por Facebook en la página del futuro mandatario, pusieron en relieve como activistas sociales, la inconformidad de haber sido “reprimidos” por fuerzas policiales en la caseta de cuota ubicada en “San Miguel”, a la entrada de Ensenada, cuando se manifestaban pacíficamente contra el cobro de peaje en una carretera que reclaman como de uso libre para los residentes de Baja California.

“Queremos llevar una buena relación con ustedes, como próximas autoridades; estamos acostumbrados a la lucha, no somos opositores por ser oposición, somos opositores conscientes y con argumentos, ponemos sobre la mesa la problemática y decimos, qué das tú, qué damos nosotros; yo creo que nos vamos a entender”, expresó Ramiro Orea Hernández, al abrir la plática.

El gobernador electo, Bonilla Valdez, les confió que él desaprueba acciones de represión, “ni un solo empujón”, en contra de quienes realizan manifestaciones pacíficas y respetuosas de los derechos de los demás, como aseguran los activistas ensenadenses que lo han hecho, sin levantar una sola “pluma” o barrera, y mucho menos pedir cooperación económica a los conductores de vehículos que transitan en la autopista Ensenada-Tijuana.

“Yo mismo estoy en contra de las acciones represivas, porque la libertad de manifestación es lo primero que pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador… ¿cómo vamos a estar en contra de eso?”, enfatizó Bonilla Valdez, al recordar la reunión que tuvo el pasado fin de semana con medio centenar de personas, muchas de avanzada edad y enfermas, que llegaron a Casa Morena para manifestarse porque fueron retiradas de la caseta en Playas de Tijuana.

En este caso, las fuerzas federales intervinieron porque los manifestantes, obedeciendo intereses que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República, tomaban las casetas y pedían cooperación a los conductores, causando un perjuicio económico a los concesionarios y al Gobierno federal, además de dejar en desventaja a los usuarios por la falta de boletaje que es comprobante del seguro y de auxilio vial en dicha carretera de cuota.

“Me pedían que los dejara volver a tomar las casetas, pero les dije que eso no podría hacerlo ni el presidente de la República, porque es violar la ley; me expusieron sus necesidades de trabajo, de atención médica, de medicinas, y a cada uno ofrecí solución en la medida de mis facultades legales y posibilidades para que no tengan que sufrir vejaciones o insultos cuando están allí”, citó el gobernante electo.

Finalmente acordaron mantener el contacto directo y conjuntar esfuerzos para resolver la compleja problemática de numerosas familias que radican en colonias apartadas de la zona urbana de Ensenada, muchas de las cuales carecen de los servicios públicos más elementales como son electricidad y suministro de agua potable.

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